Desde el gremialismo sostienen que la salida del persecutor del caso ProCultura genera una “sensación de impunidad”. Por ello, exigieron al Ministerio Público dar garantías para que la investigación no se “congele”.
La acción legal no solo apunta a la fundación como ex empleadora directa, sino que incluye de manera solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región.
El voto obligatorio y su plan de gobierno serían factores a su favor de cara a los próximos comicios presidenciales, según afirmó el republicano. Además, indicó que ProCultura puede ser “el mayor caso de corrupción que hayamos visto”.
El ministro de Seguridad destacó que el caso ProCultura ejemplifica la importancia de que “el sistema político mantenga la distancia adecuada para el funcionamiento sano de las instituciones, cuando conviene y cando perjudica”.
La UDI exigió al fiscal Ángel Valencia que la decisión sea reconsiderada “de manera inmediata”, mientras RN la tildó de “una señal negativa”. El diputado y querellante en la causa, Andrés Celis, solicitará “las motivaciones” de la determinación.
La decisión del fiscal nacional Ángel Valencia se produce luego de que escuchas telefónicas a Josefina Hunneus fueran consideradas ilegales. La causa será asumida ahora por la Fiscalía Regional de Antofagasta.
El tribunal falló a favor del recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus tras la filtración de las escuchas del caso ProCultura. La defensa de la psiquiatra celebró la decisión, mientras la Fiscalía insistió en la legalidad de las diligencias.
El gobernador de la Región Metropolitana es investigado por su rol en los convenios firmados y sostuvo que colaborará “hasta las últimas consecuencias”. “Fuimos víctimas de un delito y hoy se pretende establecer que somos cómplices”, indicó.
CIPER reveló que el dinero que la Fiscalía vinculó a la campaña del Presidente provenía de donaciones privadas y no de convenios con el Estado, como sostuvo el fiscal Cooper en su fallido intento por interceptar el teléfono del Mandatario.
El psiquiatra apuntó a que los proyectos investigados fueron promovidos en el gobierno del expresidente Piñera. En respuesta, la oposición acusó que los recursos de ProCultura incrementaron desproporcionadamente en este periodo gubernamental.
El exdirector ejecutivo de la fundación afirmó que en los 14 de trabajo de la organización ésta “nunca tuvo problemas de rendición de recursos”. “Los proyectos cuestionados fueron impulsados durante el gobierno anterior”, subrayó.
El parlamentario del Partido Radical llamó al Mandatario a declarar ante Fiscalía al volver de su viaje a China. “La ciudadanía y el país exigen transparencia”, destacó.
“Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como Presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen”, agregó el Mandatario.
La candidata presidencial del PPD llamó a “no interferir y apoyar para que la justicia, de manera autónoma, haga las investigaciones y ojalá esas den resultado rápido”.
En una declaración pública, el bloque criticó el uso de escuchas telefónicas, las que calificó como espionaje, y denunció intentos de interceptar ilegalmente el teléfono del mandatario.
La candidata presidencial de Chile Vamos además se refirió el escándalo por el caso ProCultura, señalando que lo peor de esta nueva situación que compromete al Gobierno es que “está en el corazón de La Moneda.
La UDI exige al Mandatario aclarar su relación con la Fundación ProCultura y transparentar los gastos de su campaña presidencial, tras revelaciones que apuntan a un posible financiamiento irregular.
