Se trata de ex ejecutivos de la empresa y ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, los que serían avisados del inicio de la investigación en su contra por los delitos de lavado de activos, cohecho y soborno. Con esto se suma cuatro personas más llegando a un total de 10 los involucrados oficialmente en el caso que ha remecido al mundo político y empresarial.
Acompañado de diversas organizaciones de derechos humanos, el abogado Hiram Villagra presentó una querella por violencia sexual y tortura a nombre de su representada Lelia Pérez, en contra de los oficiales que resulten responsables de los vejámenes que sufrió durante su detención en el Estadio Chile luego del Golpe de Estado. El caso reviste interés porque los abusos se produjeron cuando ella era menor de edad.
El CDE se querelló contra la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe por presunto fraude al fisco cuando ella era alcaldesa de Concepción.
En fallo unánime la Segunda Sala de la Corte acogió la solicitud de la Cancillería y el abogado querellante de la causa para complementar el requerimiento de la extradición solicitado a comienzos de año, en caso que no se proceda a la entrega del requerido.
“En tres meses no me pidan que haga milagros”, dijo el intendente de la Araucanía. Francisco Huenchumilla criticó la violencia como medio de reivindicación de causas mapuche.
Un reportaje emitido en el programa En La Mira de la cadena Chilevisión detalló varios antecedentes sobre los médicos involucrados en torturas, asesinatos y violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en días, semanas y meses posteriores al golpe de Estado de 1973.
La querella de Haydee Oberreuter comenzó un día cualquiera, un ciudadano conmovido por el relato de tortura que leía en un medio de comunicación, redactó la querella que fue aceptada y se le dio curso. Ella junto a su abogado, Alberto Espinoza, se hizo parte y siguió adelante, pese a que durante años guardó silencio, […]
Cuatro mujeres torturadas y abusadas sexualmente en época de Dictadura, en los centros de detención “Venda Sexy”, “Tejas Verdes”, y “Villa Grimaldi”, presentaron una querella ante la Justicia para denunciar estos hechos, solicitando que se inicie una investigación y que se legisle sobre la materia, para que éstos abusos no vuelvan a ocurrir.
Con esta acción Martín Larraín, imputado por atropello con causa de muerte, arriesga cuatro años de pena, en comparación a los siete que solicitaba la parte querellante y con la posibilidad de que ésta condena sea cumplida fuera de prisión.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la querella criminal presentada por la Asociación Nacional de Empleados de Tesorería (AET) en contra del ex Tesorero General de la República, Sergio Frías Cervantes, de la administración Piñera, por el delito de desvío de Fondos de Presupuestos de Capacitación. Al respecto, diputados de la DC y la UDI valoraron que el caso pasara a manos de la justicia.
A sólo tres días de ser nombrado cardenal por la Santa Sede, el arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, recibió una querella criminal por obstrucción a la investigación de abusos sexuales cometidos a mediados de los ochenta en la congregación Salesiana.
Con esta acción judicial se deja en evidencia la responsabilidad de importantes agentes públicos en la desprotección del patrimonio histórico y arqueológico del puerto.
El octavo juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella presentada por el candidato presidencial independiente Franco Parisi en contra de su contendora, la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei. El documento presentado por la defensa de Franco Parisi atribuía la participación de Evelyn Matthei en el delito de injurias y calumnias. Sin embargo, […]
El candidato independiente presentó el pasado miércoles una querella ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en respuesta a las denuncias de no pago de cotizaciones previsionales en dos colegios bajo su administración.
Abogados y víctimas de violaciones a los derechos humanos critican la petición de las viudas de los escoltas de Pinochet de procesar a Guillermo Teillier por el atentado ocurrido en 1986, como un delito de lesa humanidad. “El Estado no ejerció violencia, tortura o fuerza desmedida contra esos escoltas, eso fue una decisión política”, recalcó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
La acción judicial es interpuesta en favor de 119 personas, en su mayoría jóvenes -diez de ellos eran menores de edad- e incluida una mujer embarazada, detenidas por agentes de la DINA y cuyo paradero es hasta el día de hoy desconocido.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por eventual falsificación de instrumento público. Desde la oposición se valora esta investigación, mientras el oficialismo defiende al ex subsecretario de Minería.
