La acción judicial fue interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de contra todos quienes resulten responsables en los delitos de cohecho y prevaricación judicial.
La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, pidió al Gobierno ser “firmes” con respecto a las manifestaciones originadas este lunes en la comuna de El Bosque.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que esta actividad “es un reflejo de la estupidez humana”.
Carabineros defendió la acción de los uniformados implicados argumentando que antes de la golpiza a Patricio Bao, este propinó una patada a un funcionario.
En total son 16 querellas presentadas en contra de 32 personas, incluido el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau. En el caso de los dirigentes, se invocó la Ley de Seguridad del Estado.
La acción interpuesta por Unidad Social y la Comisión Chilena de DD.HH. se da luego de la decisión del intendente Metropolitano de implementar una estrategia de ‘copamiento’ en el que más de mil efectivos de Carabineros reprimieron cualquier indicio de manifestación.
El Intendente Metropolitano responsabilizó de los hechos a delincuentes que con sus “ataques buscan expulsar al Estado de los territorios”.
Para el Séptimo Juzgado de Garantía los hechos objeto de la querella se enmarcan en el “legítimo ejercicio de la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales”.
La institución exigió el fin del uso “indiscriminado” de escopetas antimotines en las manifestaciones.
Los hechos ocurrieron en el marco de la marcha por el cambio climático que se efectuó el pasado viernes.
La autoridad acusó al gremio de coordinarse para no entregar materiales en centros de salud debido a las deudas que mantendría el Estado.
El ex general director podría ser procesado por torturas con resultado de muerte. Así lo solicitan instituciones de DD.HH., ya que habría estado al mando del grupo de uniformados que dio muerte al estudiante en 1985, mientras se encontraba realizando trabajos voluntarios en San Felipe.
Tres miembros de la comunidad de Temucuicui denunciaron haber sido agredidos por funcionarios de Carabineros. Entre ellos se encontraba el adolescente M.A.P.C., el mismo que estaba junto a Camilo Catrillanca el día de su muerte en noviembre pasado.
El organismo actuó como observador en las diligencias investigativas posteriores a los hechos. En la querella se señala que el joven comunero mapuche habría muerto producto de un impacto de bala en la nuca perteneciente a la munición denominada con “encamisado de plomo” utilizada por carabineros.
“Creemos que en este caso es imperativo que el Estado funcione rápido y eficiente, para esclarecer los hechos y establecer verdad y justicia”, dijo Consuelo Contreras, directora del INDH.
Para el abogado querellante, Juan Pablo Hermosilla, la institución eclesiástica ha dilatado artificialmente el proceso por encubrimiento y no ha cooperado en el esclarecimiento de los casos de abuso sexual.
En conversación con nuestro medio, el abogado de los apoderados y estudiantes explicó que la querella fue interpuesta contra quien resulte responsable en calidad de autor, cómplice o encubridor de los hechos.
