Soto llamó a establecer un acuerdo nacional para fijar un itinerario a aplicar luego del referéndum, mientras que Elizalde sostuvo que el proceso constituyente debe continuar, garantizando el mismo nivel de participación ciudadana si gana el rechazo.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos criticó la decisión de las subsecretarias de DDHH Lorena Fríes y Lorena Recabarren de no entregar los antecedentes a la justicia.
La iniciativa busca que las fuerzas armadas vigilen rutas y otras vías. Esto como parte de los acuerdos alcanzados por el gobierno con los choferes de camiones que permitió concluir movilizaciones del sector.
El encuentro en Cerro Castillo se realizó en una semana marcada por discrepancias en oficialismo, mientras el Mandatario intenta reforzar la coordinación en materia legislativa y trazar la agenda programática de su programa de Gobierno.
“Es importante que el Ejecutivo recoja los planteamientos de los diputados”, sostuvo el presidente de la Cámara, Raúl Soto. Jackson por su parte, señaló que esperan construir la agenda y aplicar las urgencias correspondientes a los proyectos en conjunto con ambas corporaciones parlamentarias.
De acuerdo con lo que postulan los parlamentarios de Chile Vamos, el otorgamiento del aporte fiscal hasta fin de año podría frenar el proyecto de un cuarto retiro de los fondos previsionales, una apreciación que no comparte totalmente la oposición ni el mismo Gobierno.
A sólo diez meses del fin de su mandato y con un apoyo que apenas supera los dos dígitos, el mandatario enfrenta las críticas de todos los sectores, incluyendo llamados desde sus propias filas a que no se involucre en el proceso de elección de abanderado presidencial de Chile Vamos para la próxima presidencial de noviembre.
Este martes, parlamentarios de la oposición se reunieron para preparar una propuesta que será enviada primero a las organizaciones sociales y posteriormente al Ejecutivo. “La contrapropuesta va a ser contundente”, advirtió el diputado PPD, Raúl Soto, posterior al encuentro.
Parlamentarios del Frente Regionalista Verde Social, Partido Comunista y PPD se han mostrado abiertos a estudiar la que sería la segunda acusación que enfrentaría el Mandatario.
Este domingo, el presidente Sebastián Piñera anunció que la propuesta del Ejecutivo es postergar los comicios para el 15 y 16 de mayo. No obstante, sin la aplicación urgente de medidas sanitarias y económicas, aseguran algunos parlamentarios, el escenario podría ir de mal en peor.
Parlamentarios, Rectores y Científicos exigen que se revierta la licitación que otorga cerca de US$190 millones a un consorcio de universidades extranjeras y privadas chilenas para el desarrollo de energías renovables y del hidrógeno.
“Alguien que gane 2,5 millones o más está en el 4 por ciento de mayores ingresos”, replicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sobre la solicitud de la oposición. El tramo en el que podría haber consenso para la eximición de impuestos sería el que incluye a quienes ganan hasta 1,5 millones de pesos.
Tanto el Partido por la Democracia como la Democracia Cristiana acudieron a ambos órganos en orden a que se revise el actuar del Ministerio de Hacienda. El Consejo para la Transparencia ya ofició a la cartera pidiendo información y en Contraloría ya se cuentan más de 300 denuncias personales por vulneración de garantías.
Este fin de semana, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, condicionó el avance de la reforma a lo que pueda suceder con un eventual segundo retiro del 10 por ciento previsional. Al respecto, mientras que algunos parlamentarios aseguran que se puede avanzar con las dos cosas al mismo tiempo, para el economista y exsuperintendente de AFPs, Guillermo Larraín, la solución pasaría por la una extensión concreta de beneficios a la clase media por parte del Ejecutivo.
Para el diputado Raúl Soto, iniciativas como esta se han hecho con éxito en países como España, México, Panamá y Estados Unidos. “Es mucho más directa, rápida y eficaz”, explicó.
La Asociación Gremial de Abogados Laboralistas (AGAL) acusó a la DT de estar promoviendo, de manera ilegal, un sistema de finiquitos electrónicos.
La iniciativa tampoco cuenta con medidas que aseguren a las mujeres poder llevar a cabo labores reproductivas o de trabajo doméstico.
