Este domingo, el presidente Sebastián Piñera anunció que la propuesta del Ejecutivo es postergar los comicios para el 15 y 16 de mayo. No obstante, sin la aplicación urgente de medidas sanitarias y económicas, aseguran algunos parlamentarios, el escenario podría ir de mal en peor.
Parlamentarios, Rectores y Científicos exigen que se revierta la licitación que otorga cerca de US$190 millones a un consorcio de universidades extranjeras y privadas chilenas para el desarrollo de energías renovables y del hidrógeno.
“Alguien que gane 2,5 millones o más está en el 4 por ciento de mayores ingresos”, replicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sobre la solicitud de la oposición. El tramo en el que podría haber consenso para la eximición de impuestos sería el que incluye a quienes ganan hasta 1,5 millones de pesos.
Tanto el Partido por la Democracia como la Democracia Cristiana acudieron a ambos órganos en orden a que se revise el actuar del Ministerio de Hacienda. El Consejo para la Transparencia ya ofició a la cartera pidiendo información y en Contraloría ya se cuentan más de 300 denuncias personales por vulneración de garantías.
Este fin de semana, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, condicionó el avance de la reforma a lo que pueda suceder con un eventual segundo retiro del 10 por ciento previsional. Al respecto, mientras que algunos parlamentarios aseguran que se puede avanzar con las dos cosas al mismo tiempo, para el economista y exsuperintendente de AFPs, Guillermo Larraín, la solución pasaría por la una extensión concreta de beneficios a la clase media por parte del Ejecutivo.
Para el diputado Raúl Soto, iniciativas como esta se han hecho con éxito en países como España, México, Panamá y Estados Unidos. “Es mucho más directa, rápida y eficaz”, explicó.
La Asociación Gremial de Abogados Laboralistas (AGAL) acusó a la DT de estar promoviendo, de manera ilegal, un sistema de finiquitos electrónicos.
La iniciativa tampoco cuenta con medidas que aseguren a las mujeres poder llevar a cabo labores reproductivas o de trabajo doméstico.
El parlamentario aseguró que es necesario facultar al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios.
El diputado por la región de O’Higgins llegó hasta el Servicio Electoral para firmar su salida de la Democracia Cristiana y ahí criticó al timonel de la colectividad, Fuad Chahín, por no haber tenido “la altura ética” para encontrar una salida al conflicto interno.
El parlamentario conversó con Diario y Radio Universidad de Chile y señaló que, a su juicio, existe una estrategia deliberada por parte de la dirigencia que busca transformar a la DC en un “partido bisagra”, sin importar las consecuencias políticas y electorales.
La decisión se había tomado hace dos semanas, pero se oficializó esta martes previo a la sesión en que la comisión debe iniciar el análisis de la reforma previsional presentada por el Gobierno.
El Gobierno no respondió de manera escrita a los diez planteamientos que parlamentarios de la oposición habían pedido como requisito para dar inicio a la votación en la comisión de Trabajo de la Cámara por la idea de legislar en materia de reforma de pensiones. La votación se realizará el lunes, siempre y cuando el Gobierno renueve la urgencia del proyecto de ley.
En noviembre, el diputado DC Raúl Soto presentó un proyecto de ley que prohibía la solicitud de información a un empleado a través de plataformas digitales fuera del horario de trabajo. Dicha iniciativa es un desafío de todos los países del mundo.
Las próximas horas serán decisivas para el TPP11. Luego de varias postergaciones, la iniciativa será votada por la Cámara de Diputados, en donde el panorama aún no está del todo claro. Todo indica que, nuevamente, serán los votos de la Democracia Cristiana los que definirán la aprobación, o rechazo, del cuestionado tratado.
La decisión de aprobar la idea de legislar la Reforma Tributaria no sólo ha tensionado aún más a la ya debilitada oposición, sino que ha traído consigo costos internos. Para un sector de la Falange, no solo se afecta la “identidad DC”, sino que atenta contra ella. Una determinación que podría ser resentida por la militancia.
La Cámara de Diputados despachó la semana pasada el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que regula labores a distancia. Desde el Ministerio del Trabajo destacan que esta modalidad de empleo ahorrará los traslados, la contaminación y será más inclusivo, mientras desde las organizaciones y sindicatos argumentan que menoscaba derechos laborales.