A través de diversos paneles se abordó la seguridad pública y los derechos humanos desde la perspectiva del fortalecimiento de la calidad de vida en comunidad, del bienestar colectivo y de la restitución de la confianza entre las personas.
“No podemos aceptar que se afecte el derecho a la movilidad de trabajadores y trabajadoras”, aseveró la autoridad.
El edil de Macul consideró que el Ejecutivo debe acercarse a los territorios, propiciando instancias de democracia directa junto a los municipios. “Este era el Gobierno de la ciudadanía y creo que en ese espacio aún nos falta avanzar”, afirmó.
Anunciando el inicio de un encuentro periodico con las autoridades designadas por el Ejecutivo en las regiones, la ministra precisó que “ese compromiso no significa solamente eliminar a los delegados sino que cambiar la figura”.
La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades advirtió que para enfrentar el alza de la inseguridad se deben impulsar “medidas concretas”, lo que requiere un acuerdo amplio y mayoritario, pero no necesariamente unánime”.
La jefa de gabinete consideró como “una coincidencia feliz” que el esfuerzo por acercar posturas en torno a la situación delictual del país haya iniciado en un momento en que el estudio de Paz Ciudadana orienta sobre el foco y las soluciones.
La ministra Jara aseguró que la reforma subirá las pensiones de forma sustantiva y romperá “con el extremo en el que nos hemos encontrado durante 40 años donde las personas han tenido que asumir el riesgo del envejecimiento individualmente”.
Mientras las autoridades apuntan al aumento de los delitos violentos, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la U. de Chile, Alejandra Mohor, explicó cómo los medios de comunicación han infundido miedo a la ciudadanía.
En una señal de unidad contra la delincuencia, ediles de distinto signo político llevaron siete medidas de seguridad al Gobierno, las que fueron destacadas por el subscretario del Interior, anunciando un plazo de dos semanas para sancionarlas.
La instancia busca articular una solución integral para la problemática de campamentos y asentamientos precarios.
El parlamentario de Evópoli dijo que “estamos atentos a que las declaraciones del Presidente de la República pasen a ser acciones y no sólo una interpelación a la oposición”.
En un análisis sobre el estallido social, el parlamentario consideró imprescindible salir de la crisis política en la que se encuentra el país mediante “un giro en el tipo de estructura social y constitucional que tenemos”.
La responsabilidad de la policía sobre las vulneraciones cometidas en el estallido social sigue siendo una materia que divide al oficialismo y la oposición. En esa última vereda cuestionaron la perpetración de abusos sexuales y homicidios.
La parlamentaria de Renovación Nacional sostuvo que se debe actuar con mayor celeridad y dar señales concretas para parar la delincuencia. Además, valoró las iniciativas en el Parlamento para enfrentar el fenómeno.
El secretario de Estado dijo necesario evaluar los contextos en los que se vertieron las declaraciones de las autoridades de Gobierno.
Tanto la alcaldesa de Santiago como el jefe comunal de la Florida se han manifestado sobre el nuevo aniversario del 18 de octubre, exhortando a protestar sin violencia y dando cuenta de las medidas preventivas adoptadas para la fecha.
Dirigentes apuntaron a la vasta burocracia en el trámite de regularización y llamaron a no estigmatizar esta falta administrativa con la delincuencia. Por lo demás advirtieron que los migrantes son generalmente víctimas y no responsables del crimen.
