La demanda presentada por Odecu ha conseguido 190 adherentes solo en Chile, pero también se ha expandido a siete países latinoamericanos. El presidente de dicha organización, Stefan Larenas, indicó que se busca conseguir una “compensación justa y necesaria”.
Denuncias presentadas a la entidad durante 2018 derivaron en la notificación hacia las cinco principales editoriales del país, a las que se les solicita explicar sus modelos de negocios e informar a los consumidores sobre aspectos básicos, tales como precios de convenios y criterios para la vigencia de ediciones.
El grupo de hackers “ShadowBrokers” publicó número de tarjeta, código de seguridad (CVV) y la fecha de expiración de más de 14 mil tarjetas de créditos. El archivo fue bajado de la plataforma, pero usuarios compartieron lista de los presuntos afectados.
El director del Sernac manifestó que el pago de los siete mil pesos por la colusión del papel higiénico es un proceso “inédito”. La entrega del monto se iniciará el mes de agosto mediante depósitos en distintas cuentas del BancoEstado o giros por Caja Vecina.
El Tribunal Constitucional decidió rechazar de manera unánime el requerimiento interpuesto por el Gobierno.
El proceso de inscripción para acceder a la compensación comenzará el 3 de julio y terminará el 30 de septiembre. Desde el primero de agosto se comenzará a pagar.
Durante la jornada el ministro de Economía anunció a quien liderará la dirección del Servicio Nacional del Consumidor. Se trata de Lucas del Villar, quien en 2014, se desempeñó como sub director de la entidad.
La mañana de este lunes 19 de marzo se organizaron diversas manifestaciones masivas y pacíficas en ciertos puntos de las autopistas para exigir cambios. El movimiento busca que se cree un SERNAC de concesiones y el freno al cobro excesivo de TAG y peajes, entre otras modificaciones que consideran fundamentales.
Las estimaciones de los abogados parte en la causa indican que solo a fines del 2018 podría efectivamente ser pagada la compensación.
La Corte Suprema acogió a trámite el recurso de casación en el fondo presentado por comunidades mapuche en el que alegan discriminación arbitraria a los pueblos originarios.
Este martes de desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile un seminario en el que se abordaron los últimos fallos del Tribunal Constitucional como los relativos a la Dirección General de Aguas y el Servicio Nacional del Consumidor, en los que se les negaron sus atribuciones sancionadoras. La ocasión sirvió para criticar y cuestionar el desempeño del órgano jurisdiccional del Estado.
La decisión del Tribunal Constitucional de acotar las facultades del Servicio Nacional del Consumidor fue rechazada transversalmente por el propio organismo aludido, el Gobierno y la academia, quienes consideran que causa un perjuicio directo a los consumidores.
Ernesto Muñoz, director del Servicio Nacional del Consumidor, se refirió a la nueva investigación que involucra a la empresa La Polar por irregularidades en los cambios de tarjeta. “No entendemos la racionalidad de que esto provenga de una empresa que ya estuvo cuestionada por vulnerar los derechos de los consumidores”.
La decisión del Tribunal Constitucional sienta un precedente ya que, esta tarde después de tres años de discusión en el congreso, el organismo dejó sin efecto el articulado que permitía que Sernac pudiera sancionar e interpretar la ley y dictar normas para proteger a los consumidores de forma efectiva. Lo decretado por el TC abre el debate por las atribuciones de otras entidades administrativas del Estado.
Tanto el Sernac como organizaciones de consumidores han encendido las alarmas respecto de la eventual decisión del Tribunal Constitucional de impugnar parte del proyecto de ley que otorga nuevas facultades al organismo, entre ellas las sancionatorias. “Su efecto sería profundamente negativo, ya que debilitaría de manera importante el proyecto”, señaló el director del Sernac.
Hernán Calderón, presidente de la organización de consumidores, valoró el despacho de la ley fortalecimiento del Sernac y aseguró que nos acerca a los estándares internacionales en la materia. Por su parte, organizaciones pequeñas de consumidores piden mayor presencia en las negociaciones que se hacen con el sector privado.
El término sale a colación en el debate por una modernización del Sernac, proyecto que se aprobó en el Senado pero que sufriría trabas en la Cámara de Diputados, para luego terminar modificado en la cocina de la Comisión Mixta.
