Al menos 27 mil personas fueron torturadas en Chile en los 17 años que duró la dictadura militar. Sus vivencias y su dolor se contraponen a las voces que, sin ningún sustento, piden perdón y reconciliación. Una sociedad inclusiva es clave para poder sobrellevar mejor el trauma de la tortura, algo que, según expertos, no se supera ni se olvida.
Pese a las dificultades, fueron muchos los periodistas que sortearon los obstáculos de la censura y la represión de la dictadura e informaron de las violaciones a los derechos humanos que se acumulaban en el país y que el resto de los medios callaba. Ante el brutal asesinato de uno de los suyos: el periodista José Carrasco Tapia, no cesaron en una labor que recién hoy, a 40 años del golpe militar, es reconocida masivamente por su importancia y trascendencia histórica.
Representantes del Poder Judicial reconocieron una “responsabilidad histórica” de la institución y pidieron perdón a las víctimas de la dictadura y sus familiares por haber incurrido en acciones y omisiones impropias de su función, que contribuyeron a la desprotección de los derechos humanos en una época en la que fueron particularmente vulnerados.
Además de ser víctimas de los métodos de tortura efectuados contra todos quienes pasaron por los múltiples centros de exterminio de la dictadura, más de tres mil mujeres sufrieron violencia sexual por parte de agentes del Estado. Pese a ello, hasta el momento solo se han presentado cinco querellas criminales y los torturadores siguen refugiándose en los pactos de silencio y la impunidad. Tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos apuntan a la necesidad de visibilizar este delito, ante el peligro de que se naturalice y se repita.
La exposición se denomina “Libros quemados, escondidos y recuperados a 40 años del golpe” y estará abierta hasta el 30 de noviembre en la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales.
El Golpe de Estado de 1973 anuló facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y se discute la real independencia que mostró el Poder Judicial. Expertos en el tema establecen que el rechazo a miles de recursos de amparo y la amnistía sobre distintos crímenes evidencian una posición condescendiente de la Corte Suprema con la Junta Militar, un rol que sólo luego de varios años de transición permitió una viabilidad en las acusaciones contra violadores a los derechos humanos.
Este libro “El despertar de los cuervos. Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile” llegó a ser tending topic la semana pasada, luego de que el autor y algunos de los entrevistados en el texto, asistieran a un programa de televisión y contaran en directo sus experiencias en el centro de tortura. Tema que fue ampliamente comentado por el impacto de las declaraciones.
A propósito de los cuarenta años que se cumplen del Golpe de Estado, las voces que exigen verdad y justicia mantienen su deseo por ver en juicio a los responsables. En ello, una de las áreas menos abordadas en violaciones a los derechos humanos refiere a la desaparición de menores. Desde las organizaciones que han indagado el tema, destacan que las autoridades, en democracia, no han respondido a la investigación que requieren estos hechos.
A 40 años del Golpe Militar la sociedad vincula a los militares con las violaciones a los derechos humanos, pero en muchos casos, la participación de civiles ha quedado omitida. Una lista con médicos apunta a su rol en diversas violaciones a los Derechos Humanos y desde el colegio de la especialidad se destaca que aún hay condiciones que impiden penalizar estos actos.
El robo de bebés fue una práctica sistemática de la dictadura argentina. Esta semana, un hijo de miristas chilenos detenidos en Argentina en el marco de la operación Cóndor pudo recuperar su identidad, convirtiéndose en el nieto 109 de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo. Décadas más tarde y con más de 300 nietos por recuperar, los horrores de las dictaduras en América Latina están vinculados y continúan vigentes.
Negativa es la evaluación de agrupaciones de Derechos Humanos por el avance del actual gobierno, y denunciaron una intención por invisibilizar la lucha por verdad y justicia ante crímenes cometidos en dictadura. Las organizaciones recalcan que el Estado ha retirado beneficios históricos, a poco de cumplirse 40 años del Golpe de Estado.
Salvo pequeños avances, 2012 fue un año perdido en materia de protección, defensa, ampliación y perfeccionamiento de los derechos fundamentales en el país. Así lo estableció el informe anual elaborado por Amnistía Internacional, que constató que las marchas siguen siendo duramente reprimidas; las mujeres continúan sin poder decidir sobre su cuerpo y los pueblos originarios aún no pueden incidir en los proyectos de inversión que los afectan. A esto se sumó una tendencia mundial, que es la desprotección social que aflige a las personas inmigrantes.
La suspensión por parte del Ministerio de Bienes Nacionales del proceso de licitación a la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas reinstaló el debate sobre la conservación del patrimonio en Chile. Diversas organizaciones apuntaron a la necesidad de fortalecer rol del Estado, realizando un catastro nacional de los sitios de memoria y estableciendo una glosa presupuestaria para el trabajo que se realiza en estos espacios.
Con la inauguración de una exposición fotográfica y un concierto sinfónico donde participará Inti- Illimani Histórico y Denisse Malebrán, se dio inicio al tercer aniversario del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Un museo que no ha estado exento de polémicas y que continúa aumentando la cantidad de público año tras año.
La campaña de Naciones Unidas de este año busca incentivar la promoción y defensa de las garantías fundamentales a través de las redes sociales. En tanto, desde Amnistía Internacional emplazaron al Gobierno a ratificar el protocolo que consagra derechos sociales, económicos y culturales.
Se trata de José Huenante, un niño de 16 años, apresado por carabineros de Puerto Montt en 2005, de quien nunca más se volvió a saber. El informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales además señaló fallas estructurales en esta materia.
