De acuerdo a la diputada del Partido Comunista, el objetivo la inciativa es evitar la justificación de las violaciones a los derechos humanos: “Todos estamos de acuerdo que en que se vulneraron, pero otra cosa es incitar al odio o relativizar”.
Con el objetivo de dialogar y reflexionar sobre estas temáticas en torno a los hitos conmemorativos del golpe cívico-militar, las jornadas se dividirán en tres foros que se desarrollarán el primer lunes de cada mes.
El tribunal de alzada capitalino ratificó la decisión de resarcir a los familiares de los empleados de la entonces compañía estatal debido a que se trata de delitos imprescriptibles según el derecho internacional ratificado por Chile.
La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se refirió a las palabras de admiración al dictador Augusto Pinochet de parte del consejero republicano, Luis Silva, y al acompañamiento que han recibido desde el Estado.
El sondeo reveló que el 36% de los chilenos cree que los militares “tenían razón” en dar el golpe de Estado, algo que a juicio del consejero del INDH, es muy negativo. “Debe existir consenso en que la democracia nunca puede ser destruida”, indicó.
La diputada comunista junto a un grupo de parlamentarios oficialistas presentó la iniciativa que busca penalizar la justificación, banalización o acuerdo con los atropellos cometidos entre 1973 y 1990 en el país.
Al terminar su mandato, la defensora Patricia Muñoz afirmó que el Estado debe reconocer las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ha cometido durante mucho tiempo contra niños, niñas y adolescentes.
Aunque el consejero del Partido Republicano no se considera como pinochetista, sí reconoció que tiene una admiración por el dictador y que lo considera un “estadista”. Desde el Gobierno, la vocera Camila Vallejo, lamentó el negacionismo.
El investigador del NIDH y el director de Amnistía Internacional instaron al Gobierno a impulsar medidas para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y manifestaron su preocupación por el discurso negacionista de sectores políticos.
La encargada de la medición advirtió que la imagen del dictador es volátil y depende de los acontecimientos. Y aunque más del 60 por ciento lo considera un dictador, más de un tercio cree que el golpe de Estado de 1973 se justifica.
El dirigente del Movimiento de Acción Migrante aseguró que la superación efectiva del problema, depende de los acuerdos a los que hayan llegado Chile y Perú. Esto último, en miras de que no se repita lo ocurrido en la frontera de los dos países.
Abogados de DDHH presentarán un recurso de nulidad por la decisión de la Corte Suprema que rechazó el requerimiento que pidió un control de convencionalidad. Además, la Defensoría Popular solicitó al TC que se pronuncie sobre la normativa.
