Como parte de su visita oficial, la presidenta brasileña, cuyo gobierno se encuentra inmerso en una compleja crisis política, ligada al escándalo de corrupción que afecta a la estatal Petrobras, se reunió con uno de los directores de la cuestionada empresa papelera, de propiedad del empresario Eliodoro Matte, investigada por colusión. Esto, considerando que se trata de la empresa chilena con mayores inversiones en ese país.
Las declaraciones de los ejecutivos de CMPC y SCA en el marco de la investigación de la colusión del papel, dan pie a exigir que el Tribunal de la Libre Competencia, a juicio de los consumidores, no aplique el beneficio de la delación compensada a la Papelera, dado que esta habría sido la principal instigadora de la concertación de precios, aseguran.
Desde distintos sectores no solo cuestionan el recorte presupuestario. También apuntan a la alta injerencia del jefe de Hacienda, que se ha transformado en el gran referente político y económico del Gobierno. Desde Fundación Sol son más tajantes: “Su poder nos lleva a las raíces del sistema neoliberal”.
Estrategias comunicacionales y situaciones para generar más incertidumbre y negativismo de lo que efectivamente entrega la evidencia objetiva. Incertidumbre, aseguran, que es propia de los ciclos que ofrece el sistema económico. “Una década perdida para el capitalismo”, explican.
No más de diez serían las inmobiliarias que presionan a los políticos para diseñar la ciudad. A juicio de los expertos, la única solución es legislar con transparencia ante la ciudadanía.
Si bien el Gobierno promueve diversas iniciativas de ley, el sistema de pensiones no aparece entre sus prioridades. Como parte de este episodio, Ricardo Hormazábal no duda en apuntar a los ministros Jorge Burgos y Rodrigo Valdés por defender, por ejemplo, a la saliente superintendenta Tamara Agnic.
Las advertencias incluso surgen desde el Congreso, criticando a los últimos gobiernos por acordar junto a las empresas del sector la estrategia de hacer colapsar a la cuprífera estatal para que, con el consentimiento ciudadano, termine en manos de poderosos privados, en desmedro del país.
La organización, alternativa a la actual Federación Minera de Chile, espera acabar con la pasividad y luchar por los derechos de los trabajadores de manera multisectorial.
La plataforma ciudadana Chile Mejor Sin TPP acusa al actual ministro, a propósito de un informe que habría entregado en 2013, donde afirmaría que “Chile solo puede obtener beneficios marginales” del acuerdo.
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón acusó a la Cámara Nacional de Comercio (CNC) de solidarizar con los supermercados involucrados en el caso de colusión de precios de pollo, luego que su tribunal supremo acordara no sancionarlos por el caso de la colusión en la venta de pollos.
Durante las primeras semanas de marzo el ex ministro de Economía del Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Longueira, deberá prestar declaración ante el Ministerio Público como testigo en el marco del Caso Corpesca.
Una serie de operaciones fraudulentas en los mercados a futuro del cobre han sido denunciadas desde hace años ante todas las instancias judiciales y legislativas de Chile. Y nada ha pasado, excepto que las pérdidas acumuladas para el Estado chileno son por más de 21 mil millones de dólares. No obstante, esto podría cambiar ahora, pues las denuncias –primordialmente hechas por una ONG– acaban de llegar a la Fiscalía de Alta Complejidad, instancia acostumbrada a investigar la corrupción tan a fondo que la clase gobernante le teme.
Expertos aseguran que de firmarse el contrato, exigirán a parlamentarios de la Nueva Mayoría que presenten recurso de nulidad, tal como lo hicieron respecto de la licitación que iniciara el gobierno de Sebastián Piñera. Desde Corfo defienden lo que consideran “un nuevo estándar que será un referente futuro”.
Se trata de un memorándum de entendimiento para que la empresa Rockwood Lithium aumente la producción desde el Salar de Atacama. Entre las medidas acordadas figura la de acceder a la información financiera y contable a través de un auditor externo. La compañía explota los recursos junto a SQM Salar, de propiedad de Julio Ponce Lerou.
Estudio de organización de consumidores apuntó al alto costo de comisión que cobra la administradora, lo que termina perjudicando a la gente y al mercado.
Mientras los ciudadanos organizan una movilización en el frontis de La Moneda, los diputados de la Nueva Mayoría adelan que no tienen un posicionamiento oficial respecto al tratado. Sin embargo, ya hay quienes adelantan su rechazo, asegurando que el acuerdo no es beneficioso para el país.
Desde el propio Congreso, así como entre los economistas, existen quienes están convencidos que los recursos naturales debiesen volver a manos del Estado. Es lo que busca un proyecto de ley que permanece hace seis meses en la Comisión de Constitución de la Cámara.
