Luego de que fuera detenido cerca de las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de pedagogía mexicanos y acusado de terrorismo, las pruebas fueron insuficientes para imputarle los cargos y fue dejado en libertad
Diversas reacciones ha causado el anuncio del gobierno mexicano de reestructurar sus policías, para evitar que se repitan sucesos como el acontecido con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Expertos en seguridad y dirigentes políticos creen que las medidas son insuficientes.
El tribunal de alzada capitalino determinó mantener el arresto preventivo en contra del ex fiscalizador, Iván Álvarez, imputado por un fraude de dos mil 706 millones de pesos, el cual está vinculado con el ex gerente general del Grupo Penta, Hugo Bravo.
Después del atentado de encapuchados con bombas molotov a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, ubicada frente a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en Providencia, estudiantes del plantel de educación superior comenzaron una paralización de actividades con protestas en repudio a la reacción de la policía ante los hechos.
El gobierno confirmó que se querellará por Ley de Seguridad del Estado contra los responsables del ataque incendiario al cuartel de la PDI. Las pericias de fiscalía determinaron la presencia de evidencias en las inmediaciones de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ubicada a unos 50 metros de distancia del recinto policial.
Encapuchados atacaron el edificio de la Brigada de Homicidios de la PDI, ubicado en la comuna de Providencia. En horas de esta tarde, el fiscal Ricardo Jara confirmó que al interior de la Universidad se encontró acelerante y la ropa con la que se cometió el ilícito. Sin embargo, no se aventuró a inculpar a alumnos de dicha casa de estudios.
Encapuchados atacaron el edificio de la Brigada de Homicidios de la PDI, ubicado en la comuna de Providencia. El intendente, Claudio Orrego, repudió el hecho, mientras estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano acusan que personal de Investigaciones provocó daños en el edificio educacional al perseguir a los sospechosos.
En declaraciones al diario La Tercera, el abogado Alejandro Jiménez quien representa al estudiante chileno detenido en México Laurence Maxwell, señala que su defendido fue violentado durante su traslado a Veracruz. Además, expresó que el sábado la justicia decidirá si lo procesa o lo deja en libertad.
El Canciller mexicano descartó una solución diplomática para el chileno detenido en la cárcel de Veracruz. La autoridad indicó que el proceso se resolverá en tribunales.
Este lunes, el gerente de asuntos corporativos, Cristian Calvetti, anunció la acción judicial y expresó su preocupación por la vulnerabilidad de la seguridad al interior de las instalaciones del terminal de carros.
Apoyados por Andha Chile, los deudores habitacionales de Coronel cortaron el tránsito y se manifestaron en contra de los usureros cobros bancarios por el concepto de vivienda. La intervención de Fuerzas Especiales de Carabineros terminó con la detención de 20 participantes.
Este viernes, el juez Mario Carroza firmó la condena por los delitos de tortura contra el general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta de la República, a dos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea (FACh); Ramón Cáceres y Edgar Ceballos. La sentencia no dejó conforme a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, mientras que su abogado querellante afirmó que siguen existiendo antecedentes en este caso y apuntó a esclarecer la participación del general Fernando Matthei en los hechos.
El magistrado dictó sentencia de penas efectivas de cárcel en contra de dos oficiales en retito de la Fuerza Aérea de Chile por los delitos de tortura en contra de Alberto Bachelet, padre de la Presidenta de la República.
Por unanimidad, los tres jueces que integran el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto decidieron absolver, por segunda vez y en forma definitiva, a Víctor Montoya, joven acusado de instalar una bomba en el retén de Las Vizcachas en febrero del año 2013. Su abogado no descartó iniciar acciones legales para querellarse, por lo que calificó una injusticia.
La autoridad de denuncia que la empresa Sicap (Lidera) estaría invitando a hacer un mal uso de la franquicia tributaria, en actividades que no corresponden ni a la definición de capacitación que señala la Ley, ni a los lineamientos en materia de capacitación y fomento del empleo.
La ministra Carola Rivas anunció que la muerte del joven habría sido producto de la acción de terceros y no de un hecho casual.
Es la segunda vez que el joven universitario queda libre de toda responsabilidad del atentado contra Carabineros.
