Las personas que han ingresado a Chile por paso no habilitado sólo desde enero a julio del 2021 ascienden a 23.673, según los datos entregados por la PDI al Servicio Jesuita a Migrantes a través de solicitud de Transparencia. Este aumento, se presenta en el contexto de medidas administrativas que restringen el acceso regular.
El gobernador regional de Tarapacá se refirió al fenómeno migratorio que se vive en la zona e hizo un llamado a todos los actores a pensar en la dignidad de los ciudadanos migrantes.
Para el integrante de la Catedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Eduardo Cardoza, la muerte del residente haitiano es producto de un discurso racista que se ha prologando desde el 2018 hasta la fecha, extendiéndose en la población y significando hechos de condenable violencia.
El edil instó a las autoridades a cumplir con el resguardo de toda la nación, de velar por los derechos humanos de las personas en Colchane y de resolver esta crisis por medio de las relaciones que pueda establecer Cancillería con los países vecinos, en favor de los pueblos.
La cruzada considera un extenso programa, en el que destacan más de 20 actividades presenciales y digitales gratuitas que se realizarán entre Iquique y Valdivia, entre ellas, conversaciones, talleres, marchas, velatones, muestras de cine y música.
Los firmantes de una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera señalan que este asunto va más allá de una acción humanitaria, pues Chile tiene compromisos y obligaciones al haber suscrito convenios internacionales en esta materia.
La ayuda enviada por parte del gobierno a Haití se enmarca en un proceso de deportación colectiva viciada y unilateral que no desarrolla un análisis de las circunstancias individuales de cada migrante.
La normativa supranacional es obligatoria para Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia y busca simplificar la movilidad entre esos países. Tres expertos en materia migratoria analizaron el Estatuto y lo compararon con la política migratoria chilena, la conclusión es la misma: el Estado de Chile debe enmendar el rumbo y enfrentar el fenómeno migratorio en conjunto con las naciones vecinas.
El hecho ocurrió el pasado 23 de junio, cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones bajaron de un bus a un grupo de extranjeros en la autopista Panamericana Norte, abandonándolos, literalmente, a su suerte.
La iniciativa busca visibilizar las vulneraciones que vive la niñez migrante en Chile, especialmente ante las expulsiones colectivas realizadas por el Gobierno en el último tiempo.
A través de una carta diversas personas e instituciones objetan el actuar que ha tenido el Gobierno con las personas migrantes, y respaldan el llamado del Poder Judicial por conformar una “Mesa Interinstitucional para abordar la situación de los niños, niñas, adolescentes migrantes no acompañados”.
La camioneta irrumpe ceremoniosa por el túnel lúgubre que separa el patio interno del edificio de la amplia avenida Matucana. El guardia del portón, que conversaba con un funcionario hace solo unos segundos, me hace a un lado apenas lo abordo, casi sin mirarme. El tipo sentado en el asiento del conductor le saluda alzando […]
Las cifras se entregaron en el marco del llamado que realizó el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sobre poner fin a las deportaciones sumarias y respetar el debido proceso
Será el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien deba responder ante el requerimiento solicitado por el Consejo para la Transparencia, organismo que se suma a la Corte Suprema que denunció una serie de irregularidades ocurridas en las expulsiones masivas. Especialistas señalan que la no entrega de información a la comunidad migrante a sido una “política sistemática” de este Gobierno.
Por otro lado, los detenidos de nacionalidades extranjeras están lejos de ser un número relevante, pues representan representan sólo el 1,6 por ciento del total de imputados a nivel nacional.
En conversación con nuestro medio la académica y coordinadora de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile sostuvo que incluso, desde antes de las expulsiones, ya ha habido una construcción política con una connotación negativa hacia la población migrante.
Se trataría de la salida forzada del país de 60 personas, de ellas, 14 tendrían como fundamento de expulsión un procedimiento administrativo y no una orden judicial como estipula el Derecho Internacional. Para el dirigente del Movimiento de Acción Migrante “estas expulsiones administrativas también son forma de represión y de racismo institucional”.
