En conversación con nuestro medio, la investigadora de la Universidad Alberto Hurtado y directora del programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM) abordó la propuesta comunicacional del Ejecutivo para la promulgación de la nueva Ley de Migraciones.
El tema de los niños, niñas y adolescentes migrantes en situación irregular fue trascendental en el debate por la nueva Ley de Migración y, en las últimas semanas, ha motivado una campaña de regularización propuesta por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que ya lleva el registro de 400 menores de edad.
En dicha instancia, el titular de Interior aseguró que es deber del Estado informar a las personas migrantes de las nuevas reglas de tránsito para evitar todo tipo de engaños. En apoyo a la propuesta, el director del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, indicó que “tiene que haber un cambio en la política migratoria respecto de las expectativas que se generan los extranjeros”.
Con esto, la Justicia chilena dio la razón al Gobierno pese a que expertos, académicos y organizaciones de derechos humanos han acusado la ilegalidad del procedimiento, apelando, sobre todo, al Pacto San José de Costa Rica.
El proyecto de ley llegó finalmente al Congreso este jueves, y entre sus temas principales están el otorgamiento de la ciudadanía a grupos específicos, la seguridad fronteriza y otras disposiciones, como la eliminación de la palabra “extranjero”.
El tribunal de alzada aceptó la acción presentada por el organismo de defensa de derechos humanos, y dejó sin efecto la orden de expulsión contra los ciudadanos venezolanos emitida por la Intendencia de Tarapacá.
Para la académica de la Universidad de Santiago, casos como el de Colchane requieren de un despliegue de recursos humanos, así como acuerdos bilaterales y multilaterales, tanto a nivel local como regional.
El ministro de Defensa se refirió al rol que jugarán las Fuerzas Armadas en el control de los ingresos de migrantes a Chile y afirmó que “tenemos que dar una señal clara y potente de que no estamos dispuestos a recibir inmigrantes ‘ilegales'”.
A través de una declaración pública, agrega que es “una categórica renuncia a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado de Chile que viola la ley y la Constitución de la República”.
Más de 150 organizaciones condenan la militarización en la frontera del norte de Chile, la expulsión colectiva de personas migrantes desde Iquique y la resolución del Ministerio de Salud que excluye a las personas migrantes sin regularización del proceso de vacunación por Covid-19.
Los dirigentes opositores recordaron que Venezuela fue uno de los países que más recibió a exiliados chilenos que escaparon de la dictadura de Augusto Pinochet.
El organismo presentó este libelo en favor de un grupo de inmigrantes venezolanos que denuncian haber sido engañados para firmar su propio decreto de expulsión.
