La propuesta fue presentada por medio de un foro en el que participaron Maria Emilia Tijoux, coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile; Horacio Salinas, presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor; y el músico Nano Stern.
Los diputados Juan Antonio Coloma y Renzo Trisotti se encargaron de coordinar los apoyos de la bancada gremialista al texto del requerimiento ante el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. La presentación fue asesorada por la Fundación Jaime Guzmán.
El académico de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de nuestra universidad, realizó un balance sobre la situación de la migración en nuestro país e hizo énfasis en los discursos y relatos que desde el Gobierno intentan vincular a los inmigrantes con el crimen organizado.
Como una “persona nefasta” calificó la académica a Álvaro Bellolio por sus recientes dichos en que señaló que Chile no se debe convertir en un “centro de rehabilitación de migrantes delincuentes”, por lo que pidió su dimisión. Además, reiteró sus críticas a la nueva Ley de Migraciones del gobierno: “Es una ley que más bien expone a las personas migrantes a los abusos, como la trata y el tráfico de personas”, aseguró.
Desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Movimiento Acción Migrante manifestaron su preocupación por la aprobación este jueves de la Ley de Extranjería y Migraciones impulsada por el Ejecutivo. “Viene a reforzar las desigualdades que vivimos las personas inmigrantes y refugiadas en Chile”, aseguran.
“Lamento que hayamos llegado a esta instancia sin una buena Ley de Migración. Vamos a ir al Tribunal Constitucional para evitar que los elementos más negativos lleguen a volverse ley. Y espero que en un próximo gobierno podamos reparar los daños que va a causar esta ley”, sostuvo la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez.
A lo largo de cinco sesiones, se presentará y explicará el manual que pretende entregar algunos lineamientos para la adquisición de competencias interculturales en la atención de salud a personas migrantes, iniciativa que se enmarca en el proyecto FONIS “El desafío de las competencias culturales en la Atención Primaria de Salud: estudio de la socialización entre usuarios inmigrantes y profesionales de la salud en la Comuna de Quilicura”.
Denuncias por malos tratos y expulsiones del recinto son parte de los testimonios entregados a este medio en contra del ex responsable del albergue, Claudio Espinoza. Al respecto, aunque el director de Educación de la municipalidad, Adrián Medina, confirmó la apertura de un sumario de investigación, el caso invita a reflexionar sobre hasta dónde llega la responsabilidad al hacerse cargo voluntariamente de uno de los grupos más vulnerables en el contexto de la pandemia.
Según las organizaciones migrantes, en base al último Censo, están convocados a votar en Chile 378 mil extranjeros, dado que cumplen con el requisito de tener cinco años de residencia en el país.
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes, junto al movimiento Migrantes Raíces de Resistencia, y el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH) encabezado por el senador Alejandro Navarro, hicieron un llamado al Canciller Allamand a revisar los puntos del Acuerdo de Paz firmado en 2016 del cual Chile es garante.
Durante esta jornada se realizó la primera votación en particular, etapa legislativa en la que se deben revisar más de 200 artículos, por lo que se continuará durante la próxima semana.
Para el director del Servicio Jesuita Migrante es necesario tener una nueva ley, pero esta debe cumplir con criterios de protección de los derechos humanos de los y las migrantes.
La Doctora en Derecho, en entrevista con nuestro medio, explicó por qué habría sido mejor esperar el proceso constituyente para debatir un nuevo estatuto migratorio. Además, hizo énfasis en que la migración debe tener respuestas regionales y no solo regularse al interior de las fronteras nacionales.
Víctor Sáez, integrante del bloque de chilenas y chilenos en el exterior comentó que esto debe ser solucionado, dado que la crisis también afecta a quienes están fuera del país.
El llamado a que el Senado rechace las indicaciones propuestas por la oposición, en el marco de la reforma migratoria, fue el objeto de análisis de los expertos. Tanto desde la sociedad civil como de la academia existe un rechazo transversal a la rígida propuesta normativa del Ejecutivo.
El mandatario presentó el llamado plan fortalecido de protección de la clase media, el que se constituye de varias medidas y “exige un enorme esfuerzo fiscal y una urgente aprobación por parte del Congreso”.
El tribunal de alzada señaló que no se debe exigir que las personas que esperan vuelos para retornar a su país en el contexto de la pandemia, firmen el documento en el que se obligan a no volver por un plazo de 9 años.
