Ahora la iniciativa debe ser vista por el Senado quien deberá ratificar este proyecto que permite a los chilenos que viven en el exterior participar de elecciones presidenciales y primarias. En cada consulado habrá una junta electoral, mientras que el respectivo cónsul fungirá como delegado electoral.
El ente judicial de la capital se trasladará a Antofagasta este jueves para ver en terreno las denuncias en contra de Antofagasta Terminal Internacional S.A. (ATI) por la contaminación que genera la empresa, y que ya le significó una sanción de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente y al cual la empresa apeló.
Luego de que Marco Enríquez-Ominami se viera involucrado en el caso SQM, ahora el ex candidato presidencial ha sido cuestionado por una posible vinculación con altos ejecutivos de la constructora OAS, hoy investigada por los hechos de corrupción en Brasil. Desde el PRO desmintieron la relación y llamaron a la Nueva Mayoría y a la Alianza a transparentar sus gastos reservados de campaña.
“Si se usa para sacar ventajas pequeñas, se desvirtúa el sentido y se transforma en lo que algunos ya sospechan: sólo un tema comunicacional”, advirtió el diputado Mario Venegas.
Como parte de las investigaciones que se llevan adelante en el marco del llamado “Milicogate”, el organismo fiscalizador decidió calificar como prioridad nacional estas indagaciones, mientras el diputado de la DC y presidente de la Comisión de Defensa, Jaime Pilowsky, llamó al Gobierno a implementar un nuevo sistema de financiamiento de las FF.AA.
Marcando diferencias con los senadores, los diputados de la Nueva Mayoría plantearon a horas que comience su tercer trámite, que rechazarán las modificaciones introducidas por la Cámara Alta al proyecto: “Estoy aburrido de la hipocresía”, señaló Osvaldo Andrade.
Durante la reunión del conglomerado de oposición, el senador RN Manuel José Ossandon propuso otorgar derechos a los partidos para suspender militancias en casos de personas involucradas en irregularidades. Dicha propuesta surge luego de la renuncia del ex senador Pablo Longueia a la UDI.
A la lista se suman Parque Arauco, CMPC, Vapores y Cristalerías, firmas en las que la industria posee más del uno por ciento de los activos. En tanto, desde la ciudadanía advierten que las designaciones, pueden utilizarse en desmedro de los afiliados.
Para el próximo 4 de abril quedó fijada una nueva audiencia, con los abogados querellantes anticipando que se opondrán a la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. De mantenerse el acuerdo entre el Ministerio Público y las defensas, las ex autoridades imputadas quedarían sin responsabilidad y lejos de cualquier tipo de condena.
En conversación con Radio Universidad de Chile el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) analizó la formalización de Carlos Ominami y criticó cómo los partidos han apostado por el “secretismo”. “No se puede tener un doble discurso. En democracia hay que ser transparente”, dijo.
Manuel Cabellos, director de la Corporación de Educación aseguró que dichas acusaciones son tema del pasado y todo está solucionado, no obstante, Fermin Astorga, concejal de la comuna acusó que las declaraciones de Cabellos “están totalmente fuera de lo real”.
Pese a la convocatoria a paro nacional del próximo 22 de marzo, organizaciones sindicales creen que será difícil modificar el rumbo que tomó el proyecto en el parlamento, el cual sostienen, no cumple con lo prometido durante la campaña presidencial.
Además, el gremio valoró la promulgación de la Ley de Carrera Docente. Sin embargo, señaló que aún quedan materias pendientes que resolver.
Alza de la ausencia escolar sería el principal factor de la decisión.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el senador independiente comentó el complejo escenario que atraviesa la política nacional. Las deudas con las regiones y la acusación de cohecho que pesa sobre el ex senador Pablo Longueira, fueron algunos de los temas abordados.
Esta semana el Tribunal revisará el acuerdo de salidas alternativas de los seis imputados de la investigación. De pactar una solución, el caso se cerraría. Por ello familiares de las víctimas aseguraron que sería un despropósito, por parte de la Justicia, ratificar el acuerdo, evaluando la mala política de reconstrucción que ha tenido el Estado.
Falta de información e irregularidades son parte de la advertencias de los candidatos inscritos en el proceso. “El Gobierno no tiene ningún interés de difundir el tema de la participación de este 20 de marzo para la elección de los representantes de los pueblos originarios del país”, dicen.
