La iniciativa de oposición fue aprobada este lunes por la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. En la práctica, la legislación beneficiaría a 325 reos mayores de 75 años, de los cuales, 246 están condenados por crímenes de lesa humanidad.
Pese a las dudas que existieron en los días previos a la votación, la iniciativa consiguió un total de 122 votos afirmativos, muy por encima de los 78 votos mínimos para que el proyecto se promulgara.
La presidenta del PS indicó que “esto quedó cerrado el día que inscribimos el pacto”. Mientras, el timonel del PC sostuvo que “respaldar una candidatura, esta u otra, no tiene por qué no tener un sentido crítico”.
La iniciativa recibió un importante apoyo de parlamentarios de oficialismo y oposición, quienes en su mayoría apelaron a un sentido de “responsabilidad” y al potencial efecto que el quiebre de las aseguradoras podría tener en el resto del sistema.
La movilización fue convocada por la Confederación Fuerza del Norte (CFN) y responde a la situación de inseguridad. En un petitorio con nueve puntos piden además la expulsión inmediata de extranjeros con antecedentes penales y celeridad en proyectos.
En ese momento, Crispi argumentó criterios jurídicos y de corte administrativo de su función para no ir, pero finalmente compareció ante la comisión a inicios de noviembre del año pasado.
El proyecto despachado por la comisión mixta no genera consenso del todo, pese a que parlamentarios de diversos sectores anunciaron la intención de votar a favor. Desde el Ejecutivo quedaron satisfechos y esperan la aprobación total.
“Privilegiamos la unidad del conglomerado, la posibilidad de tener candidaturas únicas en todas las comunas” defendió la líder oficialista en el marco de las próximas elecciones municipales.
El abogado enfatizó en que dicho sistema afectó profundamente las indagaciones de hechos ocurridos en dictadura y no generó sentencias en contra de agentes del Estado. Además, cuestionó que se defienda la idea con el argumento de la especialización.
La ministra de Defensa informó que el Presidente Boric aceptó la “propuesta de renuncia” del general Rubén Castillo, jefe de la VI División del Ejército, y del coronel Sebastián Silva, comandante de la Brigada “Huamachuco”.
Se trata de un listado de 21 proyectos de ley que consisten, en su mayoría, en iniciativas ya ingresadas en áreas como productividad, crecimiento y probidad, pero que se encuentran sin mayor avances. El objetivo es aprobarlas antes del 1 de octubre.
El ex candidato presidencial será la carta de la derecha para competir por el liderazgo de la comuna, frente a la representante del Frente Amplio y actual alcaldesa, Emilia Ríos, quien irá a la reelección.
Previo a la reunión entre el Mandatario y el jefe del Ejercito, donde abordarán los antecedentes de la muerte de Franco Vargas, diputados de derecha evaluaron positivamente el rol del alto mando de la institución castrense en este caso.
La alcaldesa abordó las críticas esbozadas por quien sería su principal contrincante en las elecciones municipales, Mario Desbordes (RN). Para la edil, su gestión revirtió la compleja situación que dejó en la comuna Felipe Alessandri, su predecesor.
En Consejo de Gabinete, el Jefe de Estado mandató reforzar el despliegue de las y los ministros en regiones para relevar los avances del Gobierno en cada sector frente a la ciudadanía.
De acogerse la solicitud el exintegrante de la banda republicana no podrá ingresar a la Sala de la Cámara ni participar de comisiones. La fiscalía investiga desvío de $730 millones a dos fundaciones de La Araucanía.
La diputada del PPD, Helia Molina y el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, enfatizaron que las negociaciones son imposibles sin ceder. Mientras, parlamentarios del Socialismo Democrático e independientes criticaron la medida relacionada con el ICSA.
