En el primer día de movilizaciones, el Ministro del Interior llamó a los camioneros a bajar la medida de presión para mantener abierto el diálogo. Mientras, en las rutas 68 y 78 opera el plan de continencia habitual de fines de semana largo o retornos masivos que, hasta el momento, se realiza sin grandes atochamientos.
Así lo determinó un trabajo elaborado por la PDI. En él se detalla que es “estadísticamente imposible” que dos personas redacten igual, dejando en evidencia la ilegalidad cometida por el operador político investigado en el caso SQM.
La tradicional marcha por la oficialización del mapudungún estuvo marcada por una nueva consigna: La solicitud de renuncia del Intendente. Por otro lado, el Ministro del Interior, Jorge Burgos, se reunió nuevamente con los camioneros, en medio de un tenso clima y lo que se ha catalogado como “una agudización del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”.
A horas de la votación, el Tribunal Electoral del país se prepara para garantizar la transparencia de la votación. Mientras desde Unasur piden respetar la decisión del pueblo, Morales llama a pensar en las consecuencias de retroceder a un país capitalista. Por su parte, la oposición centra sus cartas en el escándalo de tráfico de influencias que afecta al Presidente.
No más de diez serían las inmobiliarias que presionan a los políticos para diseñar la ciudad. A juicio de los expertos, la única solución es legislar con transparencia ante la ciudadanía.
Claudia Fachinetti, presidenta subrogante de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana acusa situación deficitaria de la entidad. En tanto, las autoridades ministeriales no han revertido la situación, incluso han negado las audiencias solicitadas por los dirigentes.
Luego que el ministro (s) de Economía, y subsecretario de pesca, Raúl Súnico, insistiera que el proyecto que busca anular la Ley de Pesca es “inconstitucional”, desde las organizaciones de pescadores artesanales, además de criticar la postura adoptada por el Gobierno, anunciaron que en los próximos días se reunirán para programar una serie de movilizaciones en marzo.
Las crecientes convocatorias a manifestaciones contra el alza del precio del pasaje de Metro se suman a otras que, muchas veces de manera espontánea, aparecen como alternativas para expresar el descontento hacia el sistema económico. Junto con reparar en el fenómeno social, expertos apuntan a las preocupantes reacciones del Estado y sus policías.
Luego de un repentino retorno a Santiago, el Ministro del Interior confirmó la salida del cuestionado administrador de La Moneda. Sus vínculos con el caso Caval, la investigación de Contraloría, la precampaña de Michelle Bachelet y los contratos al Minsal, terminaron por sacar al protegido de Rodrigo Peñailillo.
La autoridad electoral peruana falló el martes que la agrupación Todos por el Perú, que lleva a la presidencia a Julio Guzmán, modificó irregularmente sus estatutos para designar a sus candidatos a las elecciones del 10 de abril, complicando su permanencia en la contienda. El aspirante anuncia que apelará y que realizará marchas de protesta.
Distintos tipos de contaminación ambiental mantienen en alerta al país. Incendios en rellenos sanitarios y altos niveles de arsénico en agua potable son solo una muestra. Según los expertos, la preocupación debe ser la salud de las personas y no el desarrollo económico de las grandes empresas.
Las recientes declaraciones de personeros de la Nueva Mayoría y la ex Concertación asumiendo potenciales candidaturas presidenciales han abierto el debate entre analistas sobre la posición en la que queda la actual administración frente a estas manifestaciones desde el interior del oficialismo.
Expertos explican que el incremento de la tarifa se traduce en 3 mil millones de pesos al año, mientras que la ampliación del beneficio a la tercera edad tiene un costo de sólo 600. Por lo mismo, Eric Campos, presidente del Sindicato del Metro propone trasparentar el destino de los subsidios invertidos en el Transantiago.
Cristián Riquelme parece tener sus horas contadas en el Palacio de Gobierno. A las peticiones de días anteriores, se suma con urgencia la investigación sobre los vínculos de sus empresas y los contratos oficiados con el Ministerio de Salud.
El llamado es a privilegiar el comercio minorista, con el fin de castigar las colusiones del gran empresariado.
Si bien el Gobierno promueve diversas iniciativas de ley, el sistema de pensiones no aparece entre sus prioridades. Como parte de este episodio, Ricardo Hormazábal no duda en apuntar a los ministros Jorge Burgos y Rodrigo Valdés por defender, por ejemplo, a la saliente superintendenta Tamara Agnic.
Como una maniobra comunicacional de parte de la UDI calificó el abogado Alberto Espinoza, defensor del ex frentista Galvarino Apablaza, la reactivación de las peticiones de extradición al gobierno argentino de su representado. En tanto, analistas políticos sostienen que instalar el tema de Apablaza por parte de un sector de la Nueva Mayoría, apunta a crear un conflicto entre la DC y el PC y minar el acuerdo existente en el oficialismo.
