Diario y Radio U Chile

Año XII, 30 de mayo de 2020

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La endeble red de protección del gobierno

Valentina Doniez

  Jueves 21 de mayo 2020 17:42 hrs. 
Valentina Doniez Fundacion SOL





Todos vimos el lunes 18 de mayo las protestas en la comuna de El Bosque por falta de alimentos y medios para vivir una cuarentena total, que fueron duramente reprimidas por la policía, incluso con amenazas de querella por parte de la autoridad.

Eso ocurrió al día siguiente de una cadena nacional donde el gobierno presentó 5 medidas para paliar la crisis ya anunciada: la entrega de canastas de alimentos, un FOGAPE (Fondo de Garantía Estatal para Pequeños Empresarios) orientado a entidades no bancarias, abrir la oferta de salud mental (en sector público y privado), expandir las residencias sanitarias y entregar información desagregada sobre los casos COVID19; todas medidas que llegan tarde. Sobre las canastas, se dice que estarán entregándose durante el fin de semana a las familias, pero no hay detalles sobre a qué empresas se les comprará los alimentos y hay muchas dudas sobre cómo será la logística.

En la cadena, el presidente Piñera se refirió específicamente a la “importante red de protección” que está implementando el gobierno para las personas. La primera medida consistió en un Bono COVID19 de 50 mil pesos por carga, para beneficiarios de los programas Subsidio Único Familiar, subsistema Seguridades y Oportunidades y para las personas del 60% más vulnerables. ¿Cómo se entregaron los recursos? Mediante un test de medios bastante estricto.

Para los asalariados, en abril se aprobó la ley de “protección” al empleo, donde es el trabajador el que termina pagando al usar prematuramente su seguro para instancias de desempleo. Y el beneficio no ha ido siempre a las “empresas más pequeñas” sino que lo terminaron usando ampliamente las grandes empresas. De los 503.602 trabajadores de 86.070 empresas que se han acogido a la ley, el 30,9% laboran en compañías con más de 200 trabajadores, aunque estas representan un porcentaje muy menor en el número total de empresas. Cabe además señalar los casos de megacorporaciones como Starbucks que se pusieron primeros en la fila para demandar estas ayudas al Estado.

Mientras, a las empresas se le ofreció al inicio un conjunto de medidas administrativas y tributarias para alivianas ciertas cargas y posteriormente se anunció la ampliación del FOGAPE, que inyectaría liquidez a las firmas de menor tamaño. Pero esta última promesa fue más lenta e inoperante para ese sector de lo que se había presentado, por lo que se vieron en la necesidad de realizar un nuevo anuncio donde, a parte de los bancos, se incluyeran entidades no bancarias (como cooperativas de ahorro o financieras), aunque no se han entregado detalles hasta el momento.

Los independientes tuvieron que esperar más de 2 meses. Finalmente, a fines de abril se aprueba el Ingreso Familiar de Emergencia por tres meses, otro componente de esta “red de protección” gubernamental. Inicialmente orientado a aquellos hogares que tuvieran ingresos informales, luego se amplió a algunas familias que tuvieran ingresos mixtos, es decir informales y formales/pensiones y/o subsidios, cumpliendo ciertas especificaciones. Los montos parten en 65 mil pesos por persona del 60% más pobre, pero van decreciendo en el tiempo y en los distintos contextos. De esta forma, tenemos que, en pleno invierno, en el mes de julio, los hogares estarán viviendo con aproximadamente 100 mil pesos en promedio. Ese mes, los aportes del Estado servirán para cubrir entre un 27% a un 40% de la línea de la pobreza.

Pero ¿qué deberíamos esperar de un sistema de protección social?: que fuera universal y no focalizado al 40%, 60% u 80% pero solo para casos muy específicos; que entregara montos que permitieran mantener ciertos estándares de dignidad, como podría ser el gasto mediano de los hogares o la línea de la pobreza; que pusiera a los hogares y las personas antes que los cálculos fiscales estrechos de la ortodoxia neoliberal, haciendo uso de un endeudamiento público o de mayores gastos a partir de los activos del tesoro público que al momento suman más de 31.500 millones de dólares. Además, que integrara los distintos ámbitos de una buena vida; servicios de salud, alimentación, sistema de pensiones, vivienda, entre otros.

La supuesta red de protección del gobierno de Sebastián Piñera finalmente funciona como una entrega de recursos en etapas parciales y focalizadas, bastante débil. Se trata de un tejido endeble, como una telaraña; compuesta de un millón de hilos, es compleja, pero frente a un serio golpe se rompe. Los delgados hilos en los que se sustenta son la focalización y los test de medios, pero que no logran sostener a la población en general que se ve lanzada a una contingencia que nadie pudo prever.

Para que la cuarentena sea total en esta emergencia sanitaria, la ayuda debe ser universal y, para esto, debemos exigir una verdadera red de Protección Social.