El 8 de julio del año pasado, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) se tomó la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como medida de presión para exigir el indulto a los ‘presos del estallido social’. Sin embargo, esta toma fue antecedida por otra manifestación debido a la crisis interna que se vivía al interior del organismo ya que, un mes antes, funcionarios del INDH realizaron un paro por 18 días como demanda a mejoras laborales y cuestionaron la dirección de Sergio Micco, quien asumió el cargo en el mes de julio de 2019.

En ese momento, la vocera de las ACES, Antonia Rolland, aseguró que “estamos acá exigiendo que se reconozca la violación sistemática de los derechos humanos, que reconozcan la prisión política que existe hoy en Chile y que además liberen a todos nuestros compañeros y compañeras”, y señaló que la toma duraría “hasta que nos desalojen o aprueben la libertad inmediata y sin condiciones de los presos de la revuelta y mapuches”. Sin embargo, la ACES no recibió respuesta por parte de la administración de Sebastián Piñera ni por el director del organismo.

Y luego de cinco meses, el 21 de diciembre del 2021 difundieron un video donde Víctor Chanfreau señaló que “hemos denunciado que esta institución no se ha hecho cargo de su rol y ha sido un cómplice pasivo de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos lideradas desde el Gobierno (de Sebastián Piñera) (…) y Sergio Micco (…) ha actuado bajo la misma línea de impunidad que el Gobierno, convirtiéndolo en cómplice directo y saltándose uno de los principios fundamentales de la institución, que es la autonomía, que debería ser la garantía para que realmente se protejan los derechos humanos en este país”, y Antonia Rolland agregó que, desde ese día, utilizarían las dependencias del INDH “para recoger las demandas del pueblo y que realmente sea un lugar donde las víctimas puedan llevar adelante un proceso de catastro y memoria”.

No obstante y luego de ocho meses, este martes la ACES depuso la toma y entregó el edificio del Instituto Nacional de Derechos Humanos a funcionarios del organismo. A través de un comunicado, explicaron que la decisión se adoptó “tras la respuesta que nos entrega el Gobierno mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos”, luego de reafirmar el compromiso para avanzar en torno a “la reparación integral de las víctimas, el retiro de querellas donde se invoca la Ley de Seguridad del Estado y el anuncio de urgencia al Proyecto de Ley de Indulto General”, ya que el compromiso del Gobierno “está con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición respecto de las violaciones a los Derechos Humanos”, señalaron en la misiva.

Sin embargo, la gestión de Sergio Micco ha sido cuestionada incluso desde su nombramiento, cuando se calificó que su gestión sería funcional al gobierno de Sebastián Piñera. Críticas que se mantuvieron hasta ahora, ya que la toma de la sede central del INDH por parte de las ACES se justificó, entre otras cosas, en que el director del organismo ocultó datos que develarían la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social, mientras que Micco, al referirse a la toma, decía en un medio de comunicación que  “si fracasan las negociaciones, el Ejecutivo va a tener que evaluar la forma cómo se realiza el desalojo (…) otra posibilidad es que en la fiscalía del Ministerio Público se está llevando a cabo un proceso a partir de la denuncia judicial que hicimos”.

En ese contexto, el académico de la Facultad de Derecho y Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, en los últimos años ha sido una voz crítica del accionar de Sergio Micco a cargo del organismo y aseguró que, bajo su dirección, el Instituto Nacional de Derechos Humanos perdió la legitimidad que lo caracterizaba como una institución que protegía de manera efectiva los derechos humanos. En esa línea, reconoció que la gestión del hombre cercano a la Democracia Cristiana “ha sido lamentable” y explicó que existen tres factores que reflejarían esta situación.

Claudio Nash

“La primera es la pérdida de legitimidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos como un órgano de control de la actividad del Estado. Segundo, un quiebre al interior del directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos y, tercero, un quiebre entre la dirección y los funcionarios”, argumentó Nash, y reconoció que lo anterior es el reflejo de una gestión que, al ser evaluada, demuestra “que el resultado es pobre”. Además, criticó el papel desempeñado por Branislav Marelic, ya que “él ha jugado un rol clave para configurar esa mayoría conservadora y proviene de las organizaciones de derechos humanos”, que le ha valido muchas críticas por parte de las mismas.

Por su parte, el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos designado por la Cámara de Diputadas y Diputados, Cristián Pertuzé, aseguró que la gestión de Sergio Micco en la dirección del organismo ha sido “bastante compleja”, debido a las complejidades que se dieron en el país y las problemáticas que vivieron como organismo. “Como Instituto Nacional de Derechos Humanos tuvimos que enfrentar situaciones para las que no estábamos preparados por la cantidad de casos que hubo en término de vulneración a los derechos humanos, entonces fue muy compleja”, señaló y destacó que la actual dirección, en conjunto con los funcionarios del organismo, “sí mostró un compromiso con el trabajo por la protección de los derechos humanos”.

Mientras que al evaluar el correcto ejercicio de defensa de los derechos humanos del organismo encargado de velar por su respecto irrestricto, Claudio Nash aseguró que la actual dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos “ha estado sustentada en una mayoría de directores de esta organización que se ha caracterizado por una cercanía con el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, que ha generado la mayor crisis de derechos humanos en democracia”, y en esa línea, enfatizó que “los avances en la protección de derechos humanos y en generar una cultura de derechos humanos en Chile ha sufrido un enorme retroceso durante estos últimos tres años de gestión de Sergio Micco”.

En ese sentido, Pertuzé aseguró que “nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos en todas las áreas donde se tengan que defender”, y reconoció que el estallido social politizó la gestión de Sergio Micco, lo que empañó el trabajo del organismo en otras materias. “El trabajo más potente ha estado en todo lo que implicó el estallido social, pero también hemos estado preocupados sobre la migración en el norte del país, con visitas permanentes de los equipos en terreno y se han visto también las problemáticas en términos de pandemia, ya que hubo una preocupación muy importante sobre los efectos que podía tener en las personas privadas de libertad y hubo visitas a cárceles para ver cómo se estaban implementando las políticas y, de hecho, el informe del 2020 del INDH trata principalmente sobre los efectos de la pandemia en materia de derechos humanos”, explicó el consejero del organismo.

Cristián Pertuzé

Al ser consultado sobre las acusaciones que pesan sobre Sergio Micco y que, en gran medida, fueron utilizadas por la ACES para tomarse el edificio de la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Cristián Pertuzé aseguró que “de toda la información que hemos tenido, yo te podría aseverar hoy día que en ningún momento hubo ocultamiento de información, pero ha habido interpretaciones respecto de ciertos elementos que han llevado a intentar plantear que Sergio Micco ocultó información”, en relación al debate que se produjo cuando el director del organismo cambió los criterios de conteo sobre las víctimas de trauma ocultar en el contexto del estallido social y avaló sólo aquellas que habían presentado querellas en conjunto con el INDH, lo que representó una baja desde 460 a 173 casos.

“Teníamos dos tipos de canales de información. Uno eran las cifras de personas que denunciaban trauma ocultar por los canales de comunicación o vía internet, que era una cifra bastante amplia, y el otro eran las querellas que nosotros teníamos por trauma ocultar, siguiendo las denuncias que se habían recepcionado, pero muchas de ellas por canales no directos, como internet o la página web del Instituto. Se puso las cifras de querellas que había por trauma ocular, y de esas teníamos además todos los antecedentes que nos permitían querellarnos”, explicó, y recordó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos levantó muchas querellas, lo que avalaría que “en ningún momento hubo negligencia ni ocultamiento de parte de Sergio respecto de lo que ocurrió respecto al estallido social”.

En ese sentido, Claudio Nash destacó que el trabajo de los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha permitido “que siga desarrollando un importante rol crítico de las legislaciones contrarias a derechos humanos”. No obstante, enfatizó en que “la falta de legitimidad de su dirección y el quiebre entre el directorio y los funcionarios obviamente le han quitado la legitimidad” al trabajo y al rol del organismo, que actualmente lo restaría de los procesos políticos más relevantes que vive el país. “Es muy evidente cómo, ante la Convención Constitucional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido totalmente irrelevante, siendo que pudo transformarse en el gran impulsor de la recepción de los derechos humanos en la nueva Constitución”, aseguró Nash, mientras que Cristián Pertuzé reconoció que “quizás el gran déficit que tenemos es en materia de promoción de derechos humanos, y yo creo que todavía estamos al debe”.