En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Karina Riquelme, abogada, defensora de derechos humanos y acompañante de múltiples causas atribuidas a comuneros y comuneras mapuches, se refirió al Estado de Excepción acotado que comenzó a regir la noche de este martes en dos provincias de la Región del Biobío y en la totalidad de la Región de la Araucanía. Una medida que a juicio de Riquelme reafirma el hecho que, desde la vuelta a la democracia “no ha existido ningún gobierno que haya sido capaz de desmilitarizar el Wallmapu”. Un escenario que la jurista atribuye a las presiones que ejercen los dueños de los territorios, quienes son los que “se verían afectados por el reconocimiento del despojo y genocidio” del pueblo mapuche.

Evaluando la gestión de Gobierno, la jurista reconoció una buena intención en cuanto a querer reconocer “los temas profundos como lo son la autonomía y la devolución territorial”, sin perjuicio que son los integrantes del pueblo mapuche quienes dirimen su relación con el Estado, reparó.

Así las cosas, consideró que las medidas en favor de establecer un buen vivir en la Araucanía son estériles en la medida que haya grupos dueños de forestales a los que “la guerra que existe aquí en Wallmapu les parezca sustentable económicamente”

“Desgraciadamente no todos quienes son parte de esta estructura que es la República, del Estado, de lo que significa la economía también para que el Estado funcione, están tan de acuerdo con realizar ese reconocimiento“, señaló, incorporando a eso a las presiones que realizaron los gremios camioneros, que a su juicio, “no buscan aportar para que la sociedad chilena y la sociedad mapuche puedan generar un encuentro que sea en paz”.

“Evidentemente lo que buscan estos grupos no es estar bien o un buen vivir como lo plantea el Gobierno en este discurso respecto de sus medidas, por lo cual muy difícil va a ser, aún con la buena intención en palabras, aún cuando al parecer pudieron entender más profundamente el conflicto. Desgraciadamente con las presiones existentes, va a ser muy difícil que se pueda avanzar”, sostuvo.

Héctor Llaitul

Por otro lado Riquelme abordó la decisión del Gobierno de no presentar una querella contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, pese a la presión que han ejercido principalmente los sectores de la oposición de perseguir a quien han calificado como terrorista tras su llamado a organizar una resistencia armada. Al respecto, la abogada partió por aseverar que comitivas de la ONU han venido al país para ratificar en más de una oportunidad que en Chile no existe terrorismo y en esa línea señaló que “continuar con la utilización del derecho penal para resolver un conflicto más profundo, evidentemente no tiene sustento”.

“Además genera cosas tan graves como la afectación de la fe pública como sucedió en el caso Huracán. Porque lo que pasó es que existió lo que existe hoy día también, o sea, presiones porque se encarcele en definitiva a quienes se encuentran realizando este tipo de acciones de protesta que comenzaron en algún momento, luego de muchos años de diálogo con los gobiernos de la democracia”.

“Recordemos que estas acciones comienzan en 1997, por lo cual se llevaron mucho tiempo de confianza con el Estado chileno y esperando algún tipo de respuesta más profunda, cuestión que nunca ha sucedido. Todo lo contrario, lo que ha sucedido es militarización del territorio. Ha habido muertes, allanamientos violentos, torturas, existen prisiones preventivas y acusaciones falsas y todos esos hechos evidentemente van a ir generando una respuesta de las organizaciones mapuches, las cuales toman sus decisiones autónomas sobre de qué manera enfrentan a un Estado que usa las armas en su contra”, añadió.

Pero la persecución penal del pueblo mapuche se toma todas las instituciones, agregó la abogada, lo que lejos de radicar en algún avance, también recae en la exacerbación de la violencia. Es así que para mejorar las relaciones de la institucionalidad del Estado con las comunidades, llamó a las entidades a tomar una posición objetiva y en particular al Ministerio Público, donde ha habido una trayectoria de persecución arbitraria y racista. 

“Hemos visto cómo víctimas latifundistas han tenido mucho mejor protección, colaboración y eficacia respecto a sus investigaciones, a diferencia de lo que ha sucedido en casos de víctimas mapuches. Un ejemplo claro que es que 20 años después de la muerte de Alex Lemun recién se hiciera un juicio, a diferencia del caso Luchsinger que es el juicio más rápido de la historia. O el Caso Huracán, que ha sido la preparación de juicio más larga de la historia, entonces ahí uno observa también como se mueven las instituciones en relación a las consecuencias que tiene este conflicto”.

Abundando en aquello, la jurista señaló que para el caso Luchsinger Mackay -que terminó con la condena del machi Celestino Córdova, cuyos beneficios intrapenitenciarios concedidos por Gendarmería han sido fuertemente cuestionados- pudo tener acceso a la carpeta de investigación tan sólo por 15 días desde que asumió la defensa, mientras que en el caso de Huracán “ha habido abogados que han ido asumiendo desde que se presentó la acusación con la finalidad de poder suspender y se les ha dado dos meses para que puedan estudiar toda la carpeta de investigación”, contrastó.

Son hechos como éstos, junto a irregularidades, afectaciones y ocultaciones de pruebas en los casos contra dirigentes mapuches, los que evidencian una diferencia de trato que finalmente “da una afectación directa al respeto que se tiene sobre el estado de derecho que tanto defiende la República chilena”, expresó, apuntando a que el problema de base de aquello es que quienes son miembros de esas instituciones también han sido parte del conflicto. “También son dueños de tierras” y dentro de lo que es presumible “algunos pueden tener acciones en algún tipo de forestal”, señaló la abogada.

En cuanto a la proyección del conflicto, Riquelme dijo esperar que prime el reconocimiento del despojo de tierras y la autonomía del pueblo mapuche como es la iniciativa del gobierno de Boric. Así también, el reconocimiento de que las forestales son el verdadero problema. Para viabilizar esto dijo esperar que “las personas que vienen de antiguos gobiernos hayan aprendido que las políticas públicas que establecieron sólo trajeron más muerte y problemas”.

“En definitiva el gobierno de Gabriel Boric está recibiendo una brasa completamente en llamas que tiene que ver con las políticas públicas del gobierno de Bachelet, por ejemplo con la aplicación de la Ley Antiterrorista, con la persecución a niños, porque en ese tiempo se perseguía a niños por Ley Antiterrorista. O sea son cuestiones tan graves que hoy han subido de nivel y las confianzas, evidentemente con el Estado, son menores a las que se pudieron tener”.