Una novena prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia se aprobó esta mañana en la Cámara de Diputados y Diputadas. La medida que ha estado vigente en las provincias de Arauco y Biobío y en la Región de la Araucanía desde el 16 de mayo de este año, fue visada en el hemiciclo por 109 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones. Ello ante la comparecencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá; la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte y la ministra de Defensa, Maya Fernández.
Según el mensaje del Ejecutivo a la Cámara, la medida se fundamenta en la violencia que sigue afectando la zona, la que, además de repercutir en el orden público e integridad física de las y los trabajadores, complica el normal desarrollo de actividades económicas, impactando en la ejecución de proyectos para el desarrollo.
Previo a la alocución de los parlamentarios, la jefa de Gabinete dio cuenta de la estrategia integral del Ejecutivo, el que, como primer objetivo, tiene el enfrentamiento y el aislamiento de la violencia. En ese sentido, Tohá indicó que el estado de excepción constitucional se complementa con la implementación del Consejo Regional contra el Crimen Organizado y los recursos asignados en el presupuesto 2023.
Asimismo informó sobre los avances del plan Buen Vivir, de la inversión para proyectos en la zona y en ello, de la disminución en la cantidad de licitaciones desiertas, que pasó del 39 por ciento del 2021, al 19 por ciento en este 2022.
Pero además, en el marco de su intervención, la ministra dio cuenta de una nueva modalidad que presentará el Ejecutivo para reemplazar la aplicación del estado de excepción, la cual contaría con renovaciones cada 60 días. Dentro de ese plazo el Gobierno remitirá informes a los parlamentarios de las comisiones pertinentes, para indicar los avances del nuevo estado excepcional, que pasaría a llamarse de Resguardo y Protección.
“Lo que le vamos a proponer es una nueva modalidad que nos permita la presencia militar con las mismas capacidades que hoy tenemos en virtud de la ley que regula los estados de emergencia, pero con dos diferencias: sin restricciones tan fuertes a las garantías constitucionales y con un sistema de evaluación por parte del Congreso más adecuado a intervenciones más prolongadas”, señaló.
Discusión parlamentaria
En contra de extender la militarización de la zona se manifestó la diputada mapuche del Partido Socialista, Emilia Nuyado, quien reparó la falta de disposición del Estado por reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y en particular, los derechos territoriales del pueblo mapuche. En ello dijo esperar que “en este nuevo marco de restitución de tierras se pueda escuchar lo que han planteado los diversos líderes del pueblo mapuche que es avanzar en la comisión que dé cuenta cuánta es la pérdida territorial”.
“Hoy día sin el reconocimiento constitucional, sin planes que permitan avanzar en el desarrollo y en la restitución territorial, la verdad es que cada vez nos encontramos con situaciones mucho más radicalizadas del pueblo mapuche“, lamentó.
Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, descartó que el plan Buen Vivir y la restitución de tierras vaya a subsanar los atentados en la zona. “Pasa porque mantengamos el estado de excepción el tiempo necesario y suficiente para que se destruyan las bandas terroristas”, afirmó.
Apuntando al anuncio de la ministra, el parlamentario señaló que “lo que se ha escuchado de que esta sea la última renovación de estado de excepción para después cambiar a infraestructura crítica, yo creo que se va a caer de nuevo. Entonces ojalá no sea lo que hayamos escuchado sino que efectivamente sea un estado constitucional completo para resguardar la vida de las personas”.
Con la visa de la Cámara, la solicitud pasa al hemiciclo del Senado, donde será votada a partir de las 15 horas. Con su aprobación, el Congreso daría el visto bueno a la novena extensión de la herramienta constitucional que despliega a las fuerzas armadas para colaborar en la mantención del orden público.
