Como una forma de cumplir con las exigencias que establece el Convenio 169 de la OIT suscrito y ratificado por Chile en 2008, un grupo de parlamentarios de diferentes bancadas propuso la idea de construir una cárcel especial en la Región de la Araucanía para concentrar a los detenidos de esta etnia acusados de diferentes delitos.

La idea fue planteada hace algunas semanas por el diputado socialista Leonardo Soto, quien hizo la propuesta a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, además del subsecretario de esa cartera de Gobierno, Jaime Gajardo.

En el Ejecutivo reconocieron que la idea está siendo analizada, aunque no encuentra mayor respaldo entre los parlamentarios de Chile Vamos.

Consultada por esta idea, la ministra Ríos indicó que “esta ha sido una solicitud que proviene directamente desde el Congreso, de distintos parlamentarios de manera transversal, de distintas bancadas, de los parlamentarios de la zona de La Araucanía”.

La titular de Justicia agregó que “acá no existe una visión única, nosotros estamos evaluando de acuerdo a la normativa nacional e internacional si esto es posible y también estamos evaluando los posibles costos, el presupuesto que se requiere. Una vez que tengamos la propuesta integral, vamos a volver a sentarnos con los parlamentarios que nos han solicitado esto para poder tener un plan más acabado. Pero hoy es algo que estamos estudiando a solicitud de los parlamentarios”.

Ríos puntualizó que el objetivo principal es poder conjugar la seguridad en los recintos, pero también cumplir con lo estipulado en el Convenio 169.

“Hay distintos objetivos. En algunos casos debido a las instalaciones que no son adecuadas en algunas regiones, no siempre cumplen con estándares en materia de interculturalidad que sean necesarios o en materia de seguridad”, subrayó.

“Por eso se está evaluando si se necesitan condiciones específicas para poder tener un recinto que cumpla con las necesidades de la persona privada de libertad, pero también que sea adecuado a la comunidad y el entorno de los recintos penitenciarios”, acotó la ministra.

Mientras, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó en La Moneda que “lo que ha señalado el Ministerio Justicia es que se va a tomar esta propuesta y se va a evaluar, considerando que ha sido una propuesta que se ha levantado de manera transversal y que por cierto que hay que estudiar”.

Pero la idea no encuentra el respaldo de los parlamentarios de Chile Vamos que consideran que se está planteando una segregación que es negativa con el resto de la población penal del país.

El diputado por la Región de la Araucanía, Miguel Becker, indicó que “esta propuesta de que chilenos de origen mapuche vayan a una cárcel especial, me parece que es seguir segregando”.

El también ex alcalde de Temuco apuntó que “los delincuentes comunes deben estar en cárceles comunes y para eso no debe ser como se está proponiendo en este caso de tener cárceles separadas para personas que han sembrado el terror y la mala calidad de vida que tenemos hoy día, especialmente en la Macrozona Sur”.

Sin embargo, el Convenio 169 en su artículo número 8 establece que “al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”.

Mientras, en el artículo 9 se señala que “en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”. Ese mismo artículo en su numeral segundo señala que “las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”.

En tanto, el artículo 10 sostiene que en caso de aplicarse una sanción penal a un integrante de un pueblo originario, “deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”.