En un tema que se sigue dando que hablar en el debate público, expertos en seguridad abordaron los alcances de las demoliciones de las denominadas “narco casas”.

Esto, en el marco de un nuevo operativo en la comuna de La Florida, cuyo alcalde e impulsor de la iniciativa, Rodolfo Carter, encabezó la demolición de una cuarta vivienda en el sector de Los Quillayes, situación que derivó en incidentes luego que vecinos lanzaran objetos contundentes a Carabineros en señal de protesta.

Precisamente, esta ha sido una medida controversial que ha suscitado tanto detractores como adherentes. De hecho, el propio presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, en redes sociales hizo un llamado “a los alcaldes progresistas de Chile a destruir las casas ilegales de los narcos”.

En un punto de prensa, esta jornada el alcalde Carter defendió el actuar del municipio, señalando que “esto no es un capricho de un alcalde o de una autoridad local, es cumplir la ley a partir de una solicitud del Ministerio Público, en defensa de todos los chilenos”.

“Dejemos de llamar las cosas por otro nombre, nada de vecinos. Los vecinos no queman sedes sociales ni atacan a la policía. Los vecinos en Chile viven con miedo. Dejemos de transformar en víctimas a los victimarios”, expresó el jefe comunal, haciendo un llamado, además, al Ejecutivo para que entregue un mayor respaldo policial a este tipo de operativos.

En esa línea, dijo que “al Gobierno no le pedimos dinero, le pedimos pantalones, que se pongan de una vez de lado de las víctimas y provea los recursos policiales para que los trabajos empiecen de inmediato para que esta historia de muerte, de violencia, de amenazas y de cobardía de muchos que llaman a los delincuentes ‘vecinos’”.

Quien expresó su respaldo a la medida fue el ex subsecretario de Carabineros y secretario general de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, al afirmar que “acá no se puede descartar ninguna medida para poder combatir el delito y el narcotráfico. Considero que la decisión de demoler una casa trae aparejada una potente señal al mundo narco, vale decir, ‘sabemos dónde están tus casas, sabemos dónde opera, sabemos dónde almacena la droga. En consecuencia, te vamos a perseguir y te vamos a demoler la casa para que no sigas operando’”.

“Algunos podrán decir que es una medida de corto plazo, pero creo que es una medida que conlleva una señal. Ahora, para esto es importante el trabajo interdisciplinario y también de diferentes organismos multisectoriales, donde nos alineemos el Ministerio del Interior, las policías, el Ministerio Público, los municipios y los gobernadores regionales. Aquí tenemos que estar todos apoyando este tipo de medidas y no criticándolas para ganar un rédito político”, manifestó.

Con todo, la ex autoridad comentó que esta no es una iniciativa “que se sostenga por sí misma, porque el avance de la criminalidad organizada en el país exige nuevas estrategias y coordinación interinstitucional para enfrentar los desafíos y amenazas que este flagelo conlleva”.

En tanto, la investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, en una postura más crítica consideró que “creo que estamos frente a una de esas situaciones en que se plantea una iniciativa que pudiera eventualmente tener algún trasfondo que nos lleve a acercarnos a los resultados esperados, el problema mayor es que, hasta donde yo conozco, no hay evidencia que respalde que este tipo de iniciativas logran contribuir a la desarticulación de organizaciones criminales”.

Según mencionó Mohor “se hacen cosas con mucha pompa, con mucha fanfarria, pero no hay claridad respecto de qué es lo que se va a lograr específicamente con esta medida. Entonces, toda esta fanfarria alrededor es lo que termina concitando la mayor atención y terminamos transformando las decisiones importantes de política pública dirigidas a un objeto crítico como es la densificación de la criminalidad organizada en el país en un show mediático y nuevamente ponemos esta discusión importante en términos de un espectáculo, donde se requiere de un trabajo sistemático”.

En cuanto al impacto de los medios de comunicación sobre la ciudadanía respecto del manejo de este tipo de hechos, la investigadora sostuvo que “es el mismo que venimos viendo desde que se empezó a incluir la delincuencia en las encuestas de opinión, que comienza a situarse como el problema público más relevante, que el temor al delito crece independiente de cómo se comporte el delito por sí mismo”. “Independiente del nivel de complejidad de esos delitos, del nivel de violencia, tenemos una población tremendamente atemorizada, que tiene la sensación de que está viviendo en un contexto nacional que no es tal”, indicó, sin restarle relevancia a lo que esta problemática implica para el país.

“El llamamiento aquí es a ocuparnos del fondo del problema porque la discusión sobre seguridad termina transformándose en una discusión vacía de contenidos, efectista y cuyos fines son principalmente políticos y esos fines políticos no tienen que ver necesaria y lamentablemente con el bienestar de la ciudadanía que de verdad vive las complejidades del crimen organizado”, aseveró.