La transferencia de competencias en materia de seguridad hacia los gobiernos regionales, es a juicio del gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, uno de los puntos más relevantes del acuerdo en esta materia que suscribieron con el Gobierno la semana recién pasada.
Esto porque permitirá disponer respuestas más rápidas y efectivas al fenómeno de la delincuencia y el crimen organizado, agenda que acapara el interés de la opinión pública de todo el país.
En conversación con el periodista Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, Díaz subrayó que el traspaso es una de las herramientas fundamentales para avanzar en esta tarea que es además una demanda de la ciudadanía.
“Se hace necesario que esta modificación suceda”, ya que “durante los últimos dos, tres años los gobiernos regionales han destinado más de 300 mil millones de pesos en todo Chile para poder paliar situaciones de seguridad pública, ya sea para fortalecer a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, Gendarmería, entre otros”.
Díaz explicó que aún cuando no tenían la facultad normativa, “lo hacíamos porque entendíamos que hoy había una necesidad nacional”.
El gobernador regional agregó que gracias a la transferencia de fondos se pudo “entregar a la PDI recursos para que adquiriera un sistema de registro biométrico, facial y de voz para catastrar a todos los migrantes que ingresan por pasos irregulares por la región. Este sistema está conectado no solamente con bases de datos nacionales, sino que también con bases de datos internacionales incluyendo la INTERPOL”.
A eso se sumó “un sistema inédito que permitió destinar recursos regionales para que el Ministerio Público creara una unidad especializada en el combate contra el crimen organizado solo en la Región de Arica y Parinacota que incluyó la compra de vehículos blindados, porque hay que resguardar la integridad de los fiscales, sino que también una fiscalía móvil para que llegue al sitio del suceso y de inmediatamente se monte la oficina desde el lugar donde exista algún tipo de delito grave”.
Díaz comentó que esto llevó a la incorporación de “mucha tecnología, el software que permitía indagar respecto de cómo tenía que perseguirse el tipo de delito; software que podían aperturar el celular de la víctima u otros elementos que sean necesarios, para pesquisar a los delincuentes”, entre otras herramientas.
“Nosotros tuvimos la capacidad de destinar recursos del gobierno regional para que todo esto sucediera, con experiencias inéditas que han tenido resultados exitosos. Si lo pudimos hacer sin tener competencias, con mayor razón lo vamos a poder hacer ahora que se empiezan a transferir facultades a los gobiernos regionales en materia de seguridad pública”, agregó.
El gobernador de Arica y Parinacota apuntó que la frontera de esa zona del país es estratégica, ya que según los estudios se concluye que el 95 por ciento de los migrantes que ingresan por pasos irregulares luego siguen su ruta hacia la Región Metropolitana y la de Valparaíso.
“Con la incorporación de militares en la zona fronteriza a propósito de la Ley de Infraestructura Crítica, nosotros vimos que se redujo notoriamente los flujos migratorios por pasos irregulares. Pero hay temas que están pendientes como por ejemplo la figura de la reconducción”, comentó.
Si bien destacó que los planteamientos que han realizado desde que asumieron la gobernación fueron considerados en el acuerdo suscrito con el Gobierno, estimó que “esta agenda no se agota con estas medidas que propone por parte del Ejecutivo, sino que requiere un diálogo permanente para que las cosas también sucedan”.
