El Presidente Gabriel Boric promulgó hoy la Ley de Protección al Denunciante, en una ceremonia en La Moneda en que nuevamente abordó el Caso Convenios.
Aseguró que “ante cada irregularidad o delito que ha sido descubierto o denunciado, hemos investigado, hemos instruido sumarios y he pedido la renuncia a quienes han faltado a su tarea y a la fe pública, porque aquí no puede haber espacio para la impunidad, ni para esconder la basura debajo de la alfombra y en eso quiero ser claro, corre para todos: caiga quien caiga”.
También recalcó que “estamos trabajado con todas las instancias e instituciones que corresponden para fortalecer la capacidad del Estado en esta materia y elevar los estándares de transparencia, probidad e integridad pública”.
Entre los principales elementos de la ley promulgada sobresalen el establecimiento de una canal de denuncias administrado por la Contraloría General de la República mediante una plataforma electrónica y la extensión de los deberes de denuncia a todo el personal de la administración del Estado.
Además, establece la posibilidad de que el denunciante decida si su identidad se reserva; mecanismos de protección preventivos en favor del denunciante y el castigo con destitución para aquellos funcionarios públicos que hostiguen a cualquier persona que efectúe una denuncia o declare como testigo.
También incluye entre sujetos protegidos a estudiantes en práctica y prestadores de servicios contratados. Las denuncias presentadas por este canal podrán tener seguimiento y ser registradas por Contraloría.
El nuevo cuerpo legal fue impulsado -en conjunto- por la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia (CIPyT) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
