Prontos a terminar con el despacho del contenido de la propuesta de la nueva constitución, el Pleno del Consejo Constitucional se pronunció sobre el articulado de los Capítulos XI de Contraloría General de la República y XII de Banco Central.

Una vez que mañana miércoles en el hemiciclo concluyan con la votación de las normas, los consejeros deberán devolver la propuesta a la Comisión Experta, cuyos representantes a partir del sábado deberán evaluar y corregir el texto modificado por el órgano electo.

Entre las resoluciones adoptadas durante la jornada destacan, por ejemplo, el rechazo por 11 votos a favor, 13 en contra y 26 abstenciones (en su mayoría de republicanos) del inciso tercero del artículo 189, que establecía un Consejo Técnico Asesor para la Contraloría General de la República.

Según señalaba la norma, esta entidad debía “ser oída” antes de que el contralor: modificara o sustituyera, de conformidad a la ley, la resolución que modifica los actos administrativos decisorios afectos a toma de razón; emitiera, de oficio, dictámenes e informes sobre la legislación administrativa relacionada con el funcionamiento de los organismos fiscalizados; y fijara los organismos y programas que deben ser fiscalizados.

Esta fue una innovación criticada, incluso, por el contralor, Jorge Bermúdez, quien ante la comisión de Función Jurisdiccional en agosto pasado dijo que, con las enmiendas, en su mayoría patrocinadas por republicanos, “no se hubiese podido responder a los casos que hoy día estamos viviendo”, en referencia al caso Convenios y que el hecho de tener un consejo, entre otras materias, “en realidad lo que uno está haciendo aquí es retroceder en el control”.

La consejera comunista, Karen Araya, junto con recordar las palabras del contralor, acusó que “la derecha ha puesto mucho énfasis en la eficiencia del gasto público y ha reiterado en múltiples ocasiones cómo se malgasta el dinero del Estado. Hablan de populismo y de operadores políticos, pero reducen fuertemente las capacidades, poderes y la autonomía de la fiscalización”.

Asimismo, Araya fue crítica de la modificación del artículo 188, cuyo literal b incorpora que la Contraloría podrá “cuando corresponda fiscalizar a los privados sólo respecto de la recepción de fondos públicos para un fin específico, y para el único efecto de determinar si se ha dado cumplimiento a dicha finalidad”, que fue visado por 33 votos a favor, 2 en contra y 15 abstenciones.

“Puede parecer buena, pero la norma es una limitación a la fiscalización. Esto es particularmente problemático porque la propuesta constitucional de republicanos y Chile Vamos lo que hace es establecer transferencias de dinero de lo público a lo privado, lo que decididamente no se acompaña de herramientas de control de lo que se hace con ese dinero”, expresó.

En la oposición, el consejero UDI, Arturo Phillips, lamentó el rechazo del Consejo Técnico Asesor, aunque dijo esperar que esta determinación se pueda revertir en las próximas etapas del proceso. “Nosotros seguimos planteando que queremos una constitución que tenga claridad al momento de rayarle la cancha a los políticos, claridad de tener frenos y contrapesos”, dijo.

En tanto, el consejero republicano, Luis Silva, explicó que la decisión de abstenerse fue por la petición separada de parte miembros de Chile Vamos del inciso que señalaba que los integrantes de este Consejo sólo podían formular opiniones respecto del funcionamiento de la Contraloría en las sesiones convocadas al efecto. “Ante el riesgo de que se cayera, dijimos ‘esto es esencial a la aprobación del Consejo. Por lo tanto, se aprueba todo junto o nos abstenemos’. Eso fue lo que ocurrió”, afirmó.

En lo que respecta al Capítulo de Banco Central, consejeros aprobaron innovaciones al artículo 194. En concreto, se cambió el inciso primero del anteproyecto, que indicaba que el ente emisor “tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos” por la expresión “tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”.

Asimismo, se suprimió el inciso tercero de la norma propuesta por los expertos, que establecía que “el Banco Central ejercerá sus funciones y atribuciones buscando resguardar el cumplimiento de los objetivos  a que se refiere el inciso uno, sin perjuicio de considerar también los efectos de la política monetaria en la actividad económica y el empleo”.

El comisionado de Revolución Democrática, Domingo Lovera, manifestó su disconformidad por esta modificación. “La Reserva Federal, tiene un mandato más intenso, pleno empleo. Acá solamente lo incorporamos como consideración. Entonces, para que calibremos un poco las intervenciones públicas, esta ‘izquierda obstruccionista’ perdió lo único que había ganado la Comisión Experta acá en el Consejo, que era un mandato menos intenso que el Banco Central de Estados Unidos ¿Esa es la radicalidad de la que estamos hablando? Siendo una consideración se elimina de cuajo en la propuesta, dejando ni siquiera dejando un guiño para que este sector se vea mínimamente representado”, cuestionó.