El proceso constitucional se encuentra en su recta final y no ha estado exento de polémicas, debido a algunas normas del texto que han sido aprobadas y que para ciertos sectores de la sociedad resulta ser “profundamente regresivo”.
Un claro ejemplo de ello es la norma referente a migración, la cual establece la rápida expulsión de migrantes indocumentados. Allí se señala que “la ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos”.
A su vez se aprobó de manera unánime una enmienda que indica que estos procedimientos deberán realizarse “con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”.
No obstante, organizaciones como el Movimiento Acción Migrante, consideran que esta norma “parece ser un tema más de la política migratoria que de la constitución”, según asegura su dirigente, Eduardo Cardoza.
“Por tanto, si está presentada en la constitución es porque tiene otra intención, que tiene que ver con la contingencia política y la utilización de la migración como elemento político electoral, que tiende a generar en las personas un miedo a la migración que llega al país, y a su vez, más particularmente a la migración que llega de manera irregular. Por otro lado, es una regresión en derechos a lo que existía hasta ahora, y que ya sabemos cuán deficiente era”, complementa Cardoza, quien profundizó sobre este tema en conversación con el Diario UChile.
A juicio del dirigente “hay un hecho que es innegable, y es que, desde hace 20 años que Chile no tiene una política migratoria, una política de interculturalidad, una política de manera completa referente a la migración, y eso evidentemente hace que se desconozcan evidencias con respecto a lo que la migración puede aportar a la sociedad y, a su vez, al no haber esa política se generan externalidades que son las que vemos en este momento”
Por otro lado, señala Cardoza “culpabilizar a la migración de los males de la sociedad, o que la sociedad no ha sabido resolver, o que los sectores conservadores de la sociedad no han podido resolver, es una técnica que se está aplicando y que con la ayuda de una comunicación sistemática a nivel de medios, tiende a distraer la opinión pública de los temas fundamentales, y culpabilizar criminalizando a la migración con respecto a otros temas.
Entonces, en ese sentido, es difícil porque en cierta medida, sectores de la población, tienen el imaginario de que si no hubiera migración, no habría los problemas que hay, pero eso es una imagen que ha sido construida y creada, y para eso basta mostrar evidencias. En el proceso electoral de 2017, IPSOS hizo una encuesta con respecto a la opinión pública de la población sobre la migración, y durante todo el proceso electoral, en donde hubo un discurso xenófobo, antimigrante bien marcado, se ve la evolución en la opinión pública desde el período preelectoral del 2017, hasta la asunción del nuevo gobierno en 2018, y posteriormente con la aplicación del dictado de nuevas políticas migratorias mucho más restrictivas que se dieron y todo lo demás.
En esa linea, Cardoza planteó que “es evidente que esta norma tiene un sesgo xenófobo y racista y eso es indudable a partir de generar una realidad, y en los discursos en general que los sectores que apoyan esta norma lo han manifestado, de que las personas que son migrantes no tienen iguales derechos que el resto de las personas por sus características de ser migrante regular, o de ser migrante irregular, o en algunos casos extremos, hasta de ser migrantes, por el hecho de no haber nacido en este país”.
Finalmente, el dirigente manifestó “los derechos humanos de los migrantes, pero no sólo de los migrantes, sino que de todas las personas, se van a ver amenazados si se aprueba la nueva constitución en estos términos, y lo digo no sólo para la norma que refiere al tema migratorio, sino en las normas en general que refieren al conjunto de la población. Es profundamente regresivo este texto constitucional”.
