Tras cinco meses de reuniones y conversaciones con los distintos sectores políticos, fue que ayer jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó el informe final del denominad Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, que se traducirá en la presentación de siete proyectos de ley en el Congreso.
En concreto, la iniciativa se estructura en seis ejes centrales, los cuales estarán acompañados de una serie de medidas. Estos son: eficiencia de la acción del Estado; transparencia y calidad del servicio; impulso al crecimiento; modernización del sistema tributario; fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias; reforma al impuesto a la renta; y seguimiento, monitoreo y evaluación del pacto fiscal.
De este modo, en enero serán presentadas cuatro de estas iniciativas, mientras en marzo los tres restantes. Las primeras se encuentran relacionadas con la racionalización de permisos para inversiones, otra sobre medidas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y otra que regula de manera permanente los convenios entre privados y el Estado.
Mientras aquellas iniciativas que ingresarán en marzo tratarán sobre impuesto a la renta, la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas e impulso de la infraestructura.
Frente a este anuncio, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Hacienda, Sofía Cid, insistió en la negativa del sector a respaldar el pacto fiscal propuesto por el Gobierno, especialmente en lo que respecta a una eventual alza de impuestos.
“Desde la oposición hemos dicho que estamos disponibles para avanzar en medidas que apunten al crecimiento, a la reactivación del empleo y, por supuesto, a controlar la evasión, pero no vamos a apoyar un alza de impuestos a las personas, que está cada vez más apremiadas y que no tienen cómo llegar a fin de mes. Es realmente urgente ver medidas económicas para que se reactive la economía y que se envíen los proyectos al Congreso porque hasta ahora llevamos casi un año escuchando solo anuncios”, manifestó la parlamentaria.
En una línea similar, el jefe de bancada UDI y también miembro de la comisión, Matías Ramírez, el descartó que lo anunciado por el titular de las finanzas públicas implique alguna novedad. “La verdad es que todo lo que se habló ya lo habíamos escuchado, ya lo habíamos discutido o habían sido propuestas que habían sido entregadas y, la parte más polémica, que es la parte tributaria, el ministro anunció que se va a presentar en marzo”, dijo.
“Por lo tanto, no queda más que esperar y ver los detalles de la propuesta que se anuncia, porque la verdad es que la bondad o maldad de las medidas que se vayan a tomar y el impacto que eso pueda tener en el empleo, en la inversión o en los salarios va a depender de los detalles que hoy día no conocemos”, afirmó el gremialista.
En tanto, la diputada de Convergencia Social y presidenta de la comisión de Hacienda, Gael Yeomans, llamó a no cerrarse a la discusión.
En ese sentido, la representante del oficialismo destacó que “lo que se va a lanzar es producto de meses de conversación, de trabajo en la mesa, en donde se recogen los puntos comunes que tenemos y en donde tenemos diferencias será el debate legislativo en que se zanje, pero no podemos no avanzar. En eso al menos recojo con un sentido de urgencia lo que se vaya a presentar desde lo legislativo, producto de este documento, que podamos hacerlo durante enero y así también que este objetivo de que el país se posicione desde el desarrollo productivo, pensando en el crecimiento económico, se haga realidad”.
En total, este pacto fiscal propone 36 medidas de impulso al crecimiento, 12 para reformar el Estado y 30 para la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Mientras sobre las prioridades y necesidades de gasto, las propuestas involucran recursos por 8 mil millones de dólares anuales en régimen, lo que equivale al objetivo de recaudación planteado por el Ejecutivo de 2,7% del PIB en un plazo de seis años, que irán destinados a atender una serie de necesidades de la población como, por ejemplo, el aumento de la PGU, reducción de los tiempos de espera en salud, fortalecimiento institucional en materia de seguridad y un incremento de recursos para la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados.
