En medio de las tensiones que generaron los nuevos antecedentes del caso Democracia Viva, hoy el Presidente Gabriel Boric se refirió desde Chiloé al intercambio que sostuvieron mediante una aplicación de mensajería el otrora seremi Carlos Contreras y la exsubsecretaria Tatiana Rojas, el cual revela que el Gobierno se habría encontrado al tanto de esta problemática días previos a que estallara la polémica.

Los mensajes vuelven a poner en la palestra al jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, por el rol que habría jugado en el caso, considerando que en la comisión investigadora de la Cámara sostuvo que solo le habría llegado un “rumor” sobre el traspaso de platas a la fundación Democracia Viva el pasado 7 de junio.

Además, los diálogos entre ambas exautoridades revelan cómo Rojas habría encabezado el manejo comunicacional de la crisis y la incidencia que habría tenido en esta bajada el ministro de Vivienda, Carlos Montes, de quien se esperaba “el visto bueno”.

Tras una nueva sesión del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, el mandatario expresó que “hemos entregado todos los antecedentes que se tienen respecto a este caso a la justicia. Esto se está viendo en materia de tribunales. Desde mi perspectiva, no hay nada que esconder y, por lo tanto, todos los funcionarios de gobierno tienen el deber y la instrucción de prestar colaboración”.

“Eso es lo que han hecho todas las personas aludidas, hay algunos que en su momento han sido removidos de sus cargos, porque desde mi perspectiva han tenido responsabilidad política en esto y nuestros ministros ya se han referido al tema. Esto está en sede judicial y, por tanto, ahí va a tener que resolverse lo que reste del asunto”, remarcó.

Mientras consultado sobre el informe en que la exsubsecretaria Rojas solicita al exseremi con los detalles del convenio y, posteriormente, alude a esperar una respuesta por parte de La Moneda, Boric mencionó que dicho documento “no está a disposición, no es algo que haya llegado, no hay nueva información más allá de la que ya se ha dado por las personas involucradas respecto a este tema”.

Congreso aprueba informe de comisión investigadora

En paralelo a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 72 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones el informe de la comisión investigadora del caso Convenios, que refuerza la escasa regulación en torno a las transferencias de recursos desde organismos públicos a privados y propone una serie de medidas.

En concreto, los diputados plantearon la instauración de una ley marco que aborde esta situación; avanzar en iniciativas relativas a temas de probidad y transparencia; entregar atribuciones a la Cámara respecto a la fiscalización de gobiernos regionales y municipalidades; e impulsar el fortalecimiento institucional del Consejo de Auditoría Interna General.

Asimismo, solicitaron la instrucción por parte del Presidente de la República a todos los órganos de la Administración Pública para efectuar un levantamiento de información respecto a los sumarios que se encuentran en curso y que tengan relación con transferencias realizadas a organismos privados, con el propósito de tener una resolución en el más breve plazo.

Tras la votación, el diputado RN y presidente de la comisión investigadora, José Miguel Castro, insistió en la responsabilidad política del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y el titular de Vivienda, Carlos Montes y acusó al Gobierno de tratar de tapar este caso.

“Yo espero que este informe sea entregado cuanto antes al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que con el puedan trabajar; para que con el puedan ver las incongruencias que muchas veces existieron entre las declaraciones que se dieron con respecto a lo que se dice en Fiscalía o los distintos whatsApp o distinta información que va saliendo día a día”, señaló.

A juicio del legislador “este caso no ha terminado y por lo menos desde la comisión sentimos que hicimos un buen trabajo que va a servir como base también para que el Ministerio Público pueda poner tras las rejas a aquellas personas que desbancaron y le sacaron el dinero a todos los chilenos para hacer política.