Por casi dos horas y media se mantuvo en dependencias de Fiscalía Nacional, en calle Catedral, la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, quién estaba citada a declarar en calidad de imputada por una de las causas que indaga el Ministerio Público en el caso Convenios.

En el marco de una ampliación de querella interpuesta por dos diputados del Partido Republicano, la misma que hizo que ayer entregaran declaraciones el jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, y al ex ministro de Estado, Giorgio Jackson, se busca dilucidar si existió un correcto control por parte de las entonces autoridades de Gobierno sobre el traspaso de recursos públicos a fundaciones.

En particular, a la militante de Revolución Democrática se le acusa de aprobar -mediante un decreto- la ejecución presupuestaria que involucró un traspaso de $629 millones de un convenio para “Recuperación de fachadas en zona de conservación histórica” en la Región de Antofagasta, otorgada a la Fundación Pro Cultura por parte del Gobierno Regional.

Desde la Dipres han explicado que esto solo fue un acto administrativo y que no le correspondía evaluar su mérito.

De parte de la oposición también la apuntan como la persona encargada de “flexibilizar”, en las glosas del Presupuesto 2023, los años mínimos de experiencia (2 años) para que las fundaciones pudieran adjudicarse fondos públicos. Todos estas acusaciones esperan ser aclaradas en el marco de la investigación, incluida la omisión de denuncia.

Cabe destacar que la comparecencia, tal como sucedió ayer, fue realizada por el fiscal encargado de las indagatorias, Cristián Aguilar, y el persecutor regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. 

Finalmente, después de firmar y entregar una serie de documentos, a eso de las 13:00 horas Martínez se retiró sin hablar con los medios de comunicación apostados en Fiscalía.