En agosto de 2023 el Presidente Gabriel Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, cuyo objetivo es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura, esto en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe civil militar.

A un año de su implementación, en entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, detalló en primer lugar que se ha estado instalando su infraestructura de gobernanza: “Una de ellas tiene que ver con el Comité de Seguimiento, solo para recordar, es la primera vez en Chile que el Estado se une directamente a las obligaciones de la búsqueda, hasta ahora había recaído en los hombros de los familiares y, principalmente, en las indagaciones de la justicia. Por tanto, es la primera vez que participan formalmente las agrupaciones de familiares e integran este comité”.

“En segundo lugar, nosotros ya hemos identificado 47 sitios prioritarios en los que se está trabajando, además, se ha estado avanzando en el sistema de información, hoy tenemos 10 millones de fojas que se han estado digitalizando. Lo siguiente que hemos trabajado es en la mesa de archivo que ya emitió su primer informe, donde incluso ha participado la secretaria de Fuerzas Armadas, donde ya más menos tenemos dimensionado el universo de archivos que están o que obran en poder del Estado y que pueden ser útiles para el desarrollo de la búsqueda. Lo otro, tiene que ver con un set de diligencias que en la actualidad se están desarrollando, en cuatro o cinco lugares que son bien relevantes, acompañando a los ministros de dedicación exclusiva en el contexto de los avances del Plan Nacional de Búsqueda”, agregó.

Así, el secretario de Estado destacó sobre este plan que “no sólo es importante para acreditar todos los esfuerzos que el Estado tiene que hacer para la búsqueda, sino que, en primer lugar, es para construir las trayectorias, porque aunque cueste creerlo, hasta hoy no tenemos construidas las trayectorias de todas las personas que fueron víctimas de desaparición forzada. Por lo tanto, buscar es también construir sus trayectorias, de hecho, cuando uno mira el primer objetivo del plan está asociado a eso y al resto de los aspectos de la búsqueda”.

“Esa es una de las cosas que yo aprendí de los familiares en el proceso de diseño del plan de búsqueda“, recalcó.

Respecto de lo que se debiera esperar para este plan en 2025, Cordero afirmó que “deberíamos tener resultados sobre las pericias que se están ejecutando ahora, hay algunos lugares emblemáticos como La Veleidosa o Colonia Dignidad. Lo segundo que debiéramos tener es la integración significativa de una gran cantidad de documentos con el uso de inteligencia artificial porque no hay capacidad humana para procesar 10 millones de fojas”.

“Vamos a conocer cosas de operación de la forma en que la dictadura cometió los crímenes y quienes otros participaron también. Buena parte de esos son antecedentes que van a permitir construir nuevas teorías de análisis, para que en el contexto del programa de derechos humanos se siga trabajando en las indagaciones judiciales”, añadió.

Estallido social: ¿es importante desde el punto de vista de los derechos humanos si las violaciones fueron sistemáticas?

A raíz de las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, el pasado domingo se instaló el debate público la discusión sobre si las vulneraciones a los derechos fundamentales ocurridas en las manifestaciones de 2019 fueron sistemáticas o generalizadas.

Al respecto, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicó que el debate “es relevante para efectos de la calificación si fueron delitos de lesa humanidad o no“.

De esta forma, Luis Cordero aclaró que se trata de una discusión de una calificación jurídica de hechos constitutivos de delitos y relató que en mayo de 2022 el consejo del INDH tuvo dos discusiones: “La primera tenía que ver con la querella a los altos mandos, que ha sido objeto de mucha discusión. Esta acción judicial fue interpuesta por el INDH por un acuerdo en su consejo unánime, querella por lo demás explicó el presidente del consejo que era Sergio Micco”.

“Pero en mayo de ese año el Consejo discutió si esos crímenes eran de lesa humanidad o no, entonces, cuando uno lee las actas, se da cuenta que hay un debate, pues para unos consejeros no había elementos suficientes en ese momento para acreditar que eran sistemáticos o generalizados. Por lo tanto, el consejo rechazó y no interpuso querellas por delitos de lesa humanidad y sí lo hizo por violaciones a los derechos humanos“, aclaró.

En ese sentido, el ministro dijo que “durante el estallido social se cometieron violaciones a los derechos humanos que implicaron acciones por parte del INDH, decididas por su consejo de manera unánime y donde además decidió no querellarse por delitos de lesa humanidad”.

“¿Por qué esto es tan relevante en el contexto que estamos hoy? Porque cuando se tergiversa esto desde el punto de vista del debate político la reacción es que algunas personas dicen que dadas a esas declaraciones en Chile no existieron vulneraciones a los derechos humanos, como una manera de simplificar, y eso no es así”.

Sobre la sensación de impunidad relativa a las vulneraciones ocurridas durante el estallido social, pues de las más de 10 mil denuncias hasta octubre de 2023, sólo 27 han tenido condenas, Cordero sostuvo que “hay un número muy significativo de esas denuncias, cerca de 8 mil, que han sido objeto de archivo. Las razones que ha dado el Ministerio Público es porque no se han entregado antecedentes o medios de prueba para acreditarla la comisión de los delitos. El problema central que hay, no sólo en este ámbito, sino que en otros que tienen este elemento en común, es que cuando hay un número masivo de delitos que tienen altísimos archivos, la sensación de impunidad es muy grande”.

“Esto es relevante porque la percepción de impunidad lo que genera es un deterioro de la confianza pública“, aseguró el secretario de Estado, quien destacó que “en las denuncias que el Ministerio Público ha tenido pruebas ha podido llevar sus casos y tienen distintos avances”.

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