“Ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior”, en el nombre que le puso el Ejecutivo al proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que este martes, luego de la firma del Presidente Gabriel Boric, el Gobierno ingresó al Congreso Nacional para que comience su tramitación.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada e integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano (PC), señaló que la iniciativa “es una propuesta muy esperada”.

“El pormenor del proyecto todavía no lo conocemos en todo su detalle porque este miércoles se dará en cuenta (…) creo que acá lo importante y más relevante de la iniciativa es que propone sacar a la banca hoy de la educación y presenta un nuevo sistema de financiamiento”, declaró.

Para Serrano, el “nuevo mecanismo le saca una carga a las y los estudiantes”. Sin embargo, indicó que considera necesario abordar otros elementos en la discusión sobre el sistema de financiamiento de la educación superior.

“Este nuevo modelo también debe contemplar un financiamiento mayor a las universidades del Estado. ¿Por qué lo digo? Los recursos que recibe la misma Universidad de Chile no son muy distintos a los ingresos de algunas instituciones privadas, que también por concepto de beneficios estudiantiles, CAE, reciben porcentualmente ingresos muy similares a los que recibe algunas universidades del Estado”, añadió.

Caso Hermosilla y vínculos del ex fiscal Manuel Guerra

Respecto al caso Hermosilla, la parlamentaria enfatizó que en el oficialismo evaluaron “desde el día uno”, las facultades fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la misma línea, expuso que su sector trató de abordar la materia en una sesión especial: “Lamentablemente muchas veces fue boicoteada y nosotros decíamos: ‘Acá no basta solo con querellarse’. Como lo han hecho diputados y diputadas, como por ejemplo, del Partido Socialista, sino también poder revisar cómo La Moneda, el Poder Ejecutivo, fue un centro de operaciones para toda esta red”.

“Se ha dejado muy de lado la arista que tiene que ver con las responsabilidades políticas que tenían los personeros del Gobierno de Sebastián Piñera y creo que hay cuestiones que todavía no se destapan. En particular, lo que sucede con educación superior y con los municipios es algo que recién hoy se está conociendo a la luz pública, a pesar de que muchas veces también alertarmos la falta de transparencia en algunos municipios de la Región Metropolitana y eso principalmente tiene que ver con la Municipalidad de La Florida, donde también por mucho tiempo nosotros estuvimos alertando su déficit”, agregó.

En cuanto a los vínculos del exfiscal Manuel Guerra con la Municipalidad de la Florida, lugar donde trabajó después de su paso por el Ministerio Público, la militante del PC respondió que. “Nosotros fuimos a la Contraloría para que se pronunciara sobre la contratación de Manuel Guerra, en el entendido de que fue la persona que estuvo a cargo de la investigación (caso Penta)”.

“Acá la importancia es que los vecinos escogieron al exfiscal, sin embargo, nosotros tenemos todos los antecedentes de que fue el mismo edil (Rodolfo Carter) quién promovió al persecutor, se lo presentó al COSOC (Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil) y finalmente él, a través de esta presentación, declara desierto un concurso anterior, donde hay otros tres postulantes que no quedan a cargo de esta fiscalía de la gente, que es un cargo que crea Carter”, expuso la parlamentaria.

En ese sentido, Serrano cuestionó que el alcalde de la Florida actualmente desconozca dicha contratación y se pronuncie solo “a propósito de la filtración de los chats que hacen alusión a su persona“: “Pero todavía no se pronuncia de por qué es él (Guerra) a quien se contrató y cuáles son los criterios. Quizás podríamos estar hablando de un favor político, no me atrevo a decirlo mientras no lo tenga comprobado. No obstante, son los órganos competentes los que nos tiene que entregar mayores antecedentes para que nosotros y nosotras podamos ir al Ministerio Público en el caso de que se configure un delito”.