Por soborno y cohecho: CDE se querella contra Hermosilla y exfiscal Guerra

La acción legal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado señala que el expersecutor y el abogado habrían manteniendo constantes conversaciones en las que revelaron asuntos reservado en casos como Exalmar, Penta, Domingo, entre otros.

La acción legal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado señala que el expersecutor y el abogado habrían manteniendo constantes conversaciones en las que revelaron asuntos reservado en casos como Exalmar, Penta, Domingo, entre otros.

El Consejo de Defensa del Estado, a través de la Procuraduría Fiscal de Santiago, interpuso una querella contra el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, así como contra quienes resulten responsables, por su participación como autores de los delitos reiterados de soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto, sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en el denominado caso Audios.

La querella del CDE, interpuesta ante el IV Juzgado de Garantía de Santiago, se dirige nominativamente contra el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, el último actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante el período en que Guerra y Hermosilla ejercieron una función pública habrían faltando a los deberes de su cargo, pues manteniendo constantes y variadas conversaciones con sus contactos revelando asuntos de carácter reservado en casos como Exalmar, Penta, Dominga, entre otros, cuyas investigaciones y antecedentes eran secretos.

De acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación, el querellado Manuel Guerra “entregaba de forma permanente al querellado Luis Hermosilla información que era obtenida en razón de su calidad de fiscal regional, de las causas, conversaciones y decisiones internas respecto de las mismas al interior del Ministerio Público, directamente relacionadas y que afectaban investigaciones penales abiertas”.

“Asimismo, y en este mismo contexto ilícito, (Guerra) adoptó en su calidad de persecutor resoluciones manifiestamente injustas, contrarias a derecho y con infracción a los deberes de su cargo”, agrega la querella.

Lo anterior, en el contexto de una larga relación que habría permitido que Guerra en su calidad de fiscal regional adoptara decisiones “no por consideraciones técnicas o jurídicas, sino justamente en razón de la vinculación que existía entre los querellados”, solicitando incluso, a cambio de sus gestiones, diversos beneficios económicos tanto para sí como para terceros.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.





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