Por seis horas se extendió la primera sesión de la audiencia de sobreseimiento solicitada por el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, a la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de este organismo, Johaziel Jamett, y el ex jefe de Oceanografía del SHOA, Andrés Enríquez, todos formalizados por el cuasi delito de homicidio de las 133 personas fallecidas el 27 de febrero de 2010, producto de la frustrada alerta de maremoto.

La cuota de polémica la puso Claudio Ortiz, padre de Joaquín, pequeño de 8 años que murió en el archipiélago de Juan Fernández.

El hombre increpó al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, por la lentitud del proceso. Luego de ser expulsado de la sala, Claudio Ortiz se refirió a su protesta.

“Sabemos que es irresponsable, ahora se está buscando el sobreseimiento por una parte protocolar, lo entiendo, pero encuentro que es una falta de respeto, no solo para mi sino que para todas las personas que en este momento están protestando, que están sufriendo porque sus seres queridos fallecieron y que llevamos tres años y medio y aún seguimos en esto. ¿Cuánto más hay que esperar, cinco años, seis?”, expresó.

En lo netamente judicial, el encargado de abrir la audiencia fue Samuel Donoso, abogado del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien, al igual que el resto de formalizados, no asistió al Centro de Justicia.

El jurista argumentó que la ex autoridad actuó amparado en el principio de confianza y que todas sus decisiones de adoptaron sobre la base de lo informado por la Onemi y el SHOA.

“No está discutido en el proceso que en una primera hora de la mañana la Onemi descarta la alerta de tsumani y esa es la recomendación que le da al subsecretario y tampoco está discutido que posteriormente el SHOA cancela la alerta. Es más, consultado respecto de los eventos que estaban ocurriendo en Juan Fernández, el SHOA señala que no hay riesgo de tsunami”, expuso el abogado.

“Eso está establecido en el proceso y fue en base a esas recomendaciones de los organismos especializados que mi defendido actuó y ese actuar implica que no ha habido una conducta que sea reprochable desde el punto de vista penal, en este caso, como delito culposo”, argumentó.

La réplica estuvo a cargo de Solange Huerta, fiscal a cargo de la investigación, quien aseguró que “una vez que el terremoto se produce, era absolutamente predecible que éste provocaría un maremoto”.

Raúl Meza, abogado querellante, indicó que el planteamiento jurídico de Rosende es insostenible desde el punto de vista penal.

“La defensa de Rosende ha sostenido que él era la máxima autoridad política presente ese día 27 de febrero. Eso es de falsedad absoluta. Él también compartió ese mando con la máxima autoridad de la República ese día, que era la señora Bachelet. Por lo tanto, cuando aquí la defensa asume una conducta de delegación de responsabilidad penal, él no puede, no es sostenible que todas las decisiones que tomó o las que dejó de tomar tienen como único fundamento la delegación en la responsabilidad en los organismos”, apuntó.

Este martes se revisarán los casos de Johaziel Jamett y Andrés Enríquez, ex funcionarios de primera línea de la Onemi y el SHOA.

Para el miércoles, en tanto, se debatirá respecto de las responsabilidades de Carmen Fernández, ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias. Se prevé que la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía se conozca el jueves o viernes de esta semana.

También el miércoles, el abogado querellante Raúl Meza va a solicitar al Ministerio Público que se cite a declarar, en calidad de imputada, a la ex mandataria Michelle Bachelet.