La Declaración de Filadelfia, promulgada el 10 de mayo de 1944,  que luego se convirtió en la Carta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que todos los seres humanos “sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades.”

De lo anterior, se desprende que la equidad de género es un derecho humano básico que debe ser respetado y promovido en las distintas áreas del quehacer de las sociedades.

En medio de una crisis sanitaria que ha llevado, consecuencialmente, a una de carácter económico, los avances en materia de integración de las mujeres no solo han quedado estancados, sino que han retrocedido en más de una década.

Es debido a eso que un grupo transversal de senadoras integrado por Carolina Goic, Ximena Rincón, Marcela Sabat y Ena von Baer presentó al ministro Briones un grupo de medidas a considerar en orden a crear una política de reactivación económica con enfoque de género.

En conversación con nuestro medio, la senadora Marcela Sabat explicó que esta iniciativa responde a la necesidad de recuperar un poco del terreno perdido a causa de la pandemia.

Senadora Marcela Sabat.

“Es una propuesta, una batería de propuestas, con miras a una reactivación económica con perspectiva de género que nos permita recuperar lo avanzado en términos de emparejar la cancha en el mundo laboral y que nos ayude a dar un apoyo directo a las mujeres chilenas y a esas miles de madres trabajadoras que hoy lo están pasando mal”.

La iniciativa de las legisladoras incluye:
• Subsidios laborales con enfoque de género
• Apoyos financieros a salas cunas y jardines infantiles
• Respaldo a emprendedoras y microemprendedoras
• Inversión pública en sectores con significativa participación laboral femenina

Previo a la crisis económica causada por la pandemia, las cifras de empleabilidad de las mujeres habían superado el cincuenta por ciento, pero actualmente ese número retrocedió en diez puntos dejando el trabajo femenino en Chile en el mismo nivel  que en la primera década de los años 2 mil.

El tener políticas de empleo con perspectiva de género no se trata solo de avanzar en materia social, sino que, como lo han comprobado diversos estudios, esa implementación repercute directamente en la economía de manera positiva y a largo plazo.

“Las pruebas empíricas y las discusiones teóricas que se producen a raíz de los análisis de aptitudes ponen cada vez más en manifiesto que la igualdad de género no es un fin en sí mismo; es también un medio esencial para alcanzar objetivos de desarrollo más amplios que van desde la reducción de la pobreza, el aumento de la productividad y la producción total, la disminución de la tasa de fecundidad, la reducción de la mortalidad y el trabajo infantil, hasta el incremento de poder en la toma de decisiones y negociaciones para las mujeres en los hogares” se lee en el documento de la OIT con sus Directrices para incluir la perspectiva de género en las políticas de empleo.

Así lo confirma Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de ComunidadMujer, quien explica las consecuencias económicas de incluir a las mujeres en políticas de empleo.

Alejandra Sepúlveda.

“Las mujeres son importantes para el crecimiento y el desarrollo sostenible de los países. Antes de la pandemia en Chile la Comisión Nacional de Productividad emitió una serie de informes donde, entre otras cosas, señalaba que, si 900 mil mujeres ingresaban al mundo del trabajo, el PIB crecía en el orden de los 6 puntos. El incorporar a las mujeres al mundo del trabajo con igualdad de condiciones y oportunidades tiene un efecto económico, no solo social que, por supuesto, también trae y que es muy potente porque en un país como el nuestro en que hay una cantidad enorme de hogares mono parentales y con jefatura de mujeres, si ellas pierden su autonomía económica, como está pasando ahora de manera dramática en Chile, no es solo un efecto negativo para ellas, sino para sus familias y además conlleva un impacto no solo inmediato, sino a mediano y largo plazo y puede llegar a comprometer a una generación completa”.

El futuro del empleo post pandemia

El trabajo de las mujeres en materia de prestación de cuidados es esencial para la reproducción de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, repercute directamente en el funcionamiento de la economía, sin embargo, hay escasa valoración económica de tal labor.

Alejandra Sepúlveda señala que es clave en una política de reactivación el centrarse justamente en la crisis de los cuidados que, si bien lleva vigente mucho tiempo, fue durante la pandemia que hizo eclosión.

“Un enfoque adecuado es uno que se vincule con la economía del desarrollo, en el crecimiento sostenible y en cómo abordamos un modelo de economía del desarrollo en que todas y todos estemos incluidos. Lo que hemos visto a lo largo de los años es que las mujeres tienen un vínculo más débil con el mundo del trabajo por todos los factores estructurales de desigualdad, que están bien documentados, y que tienen que ver con cuestiones culturales, el rol fundamental y la carga que tienen las mujeres sobre sus hombros respecto del cuidado doméstico y de trabajo no remunerado. Esa es la barrera para su ingreso y permanencia en el mundo del trabajo” dice la experta en temas de género, políticas públicas y participación económica y política de las mujeres.

Pero ¿cómo se puede sortear esa barrera en medio de una crisis sanitaria?

“Hoy, sin la política pública, sin un esfuerzo decidido del Estado, sin el apoyo del mundo privado, de las empresas y empleadores es muy difícil que salgamos adelante. Aquí hay una causa que nos debe unir a todos como país: ¿cómo vamos a dejar a la mitad de la población atrás producto de esta economía tan afectada que tenemos hoy? Eso es impensable”, asegura la Directora Ejecutiva de ComunidadMujer.

En Chile, las políticas económicas reducen al mínimo las responsabilidades sociales del Estado, ello porque nuestro modelo social entrega a los privados la resolución de las necesidades ciudadanas y solo cuando ellos no son capaces de cubrirlas, el Estado actúa y muchas veces lo hace a través de entrega de subsidios a los mismos privados de modo de hacer más atractiva para ellos la resolución del conflicto, lo que no siempre implica un bienestar para quienes habitan el territorio nacional.

Eso aumenta la presión sobre los hogares y disminuye la capacidad de las mujeres para participar en la economía remunerada. Los recortes de presupuesto para servicios de salud, educación parvularia o de guardería y otros servicios sociales afectan con mucha mayor intensidad a las mujeres, ya que la división del trabajo por género en el hogar las fuerza a buscar formas de compensar la falta de prestación de servicios sociales.

Andrea Sato, Magíster en Sociología e investigadora de Fundación Sol, señaló que es fundamental el establecer una política pública de inversión social enfocada en el cuidado de niños, niñas, adolescentes (NNA) y adultos mayores para permitir que las mujeres logren integrarse al mercado laboral.

“Las políticas económicas que se han construido en este periodo están enfocadas al fortalecimiento de la empresa privada y, dentro de ellas, las grandes empresas que no han sido las más golpeadas por la pandemia. Desde Fundación Sol consideramos que debe existir una inversión directa y real en los sectores y ramas más feminizadas del empleo que son las que más se han visto afectadas por la destrucción de empleo y que principalmente abarca el área de los servicios. Complementariamente, hay que enfocarnos en cuáles son las grandes barreras que tienen las mujeres para poder tener ingresos autónomos y esto principalmente tiene que ver con la carga de trabajo doméstico y de cuidados que tienen las mujeres. No podemos pensar en un plan de reactivación económica o de subsidios sin establecer inversión social en áreas críticas como políticas públicas y eso se relaciona con todo lo que implique el cuidado de NNA y personas dependientes que hoy las mujeres realizan de manera gratuita”.

La socióloga explica que para lograr esto es necesario que Chile se organice en un modelo plurinacional de cuidados que tenga en el centro no solo el cuidado a los NNA y dependientes, sino a quienes realizan esas labores.

“En otros países se ha hecho inversión en guarderías comunitarias, en espacios de colectivización de los cuidados y también es fundamental que haya empleo decente para quienes se hagan parte de esos proyectos de política de cuidados”.

Actualmente, quienes se desempeñan en el área de guarderías, jardines infantiles o residencias de adultos mayores tienen trabajos más bien precarios y con ingresos no muy altos. Para Andrea Sato es vital que ese tipo de labores sean de calidad y estén bien remuneradas.

“Por eso, desde Fundación SOL proponemos una política de protección al empleo en las áreas más feminizadas y un proyecto de políticas públicas vinculadas al cuidado que colectivice y garantice la responsabilidad social de los cuidados como eje estructural, no solo en esta coyuntura, sino que se mantenga a lo largo del tiempo”.

Tanto las legisladoras como las expertas en políticas económicas con perspectiva de género concuerdan en que el orientar de manera eficiente los recursos públicos puede dar autonomía a las mujeres de manera muy significativa y eso, en muchos casos, además puede significar un doble efecto para las mujeres: aliviar las responsabilidades de cuidado y trabajo doméstico y, a la vez, permite facilitar su participación en la economía remunerada.