Como un “atentado a los derechos humanos” calificó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la iniciativa Naín-Retamal que se discute en el Senado y que se votará durante esta jornada en esa rama del Parlamento.

Luego de asistir al Palacio de La Moneda para asistir a la firma del Compromiso Transversal por la Seguridad, el edil comunista destacó que esta propuesta en las condiciones que está podría significar una serie de violaciones a los derechos fundamentales por parte de funcionarios de las policías y otras instituciones.

“Las Naciones Unidas -y aquí hay varios que se llenan la boca con los Derechos Humanos- ha dicho que esa ley, como está hoy día, es un atentado a los Derechos Humanos y es un peligro”, apuntó Jadue.

A eso agregó que “me llama mucho la atención que personas de la coalición de Gobierno, todos aquellos que se hacen llamar Socialismo Democrático, haya aprobado una ley que en el futuro podría significar violaciones a los Derechos Humanos sistemáticas, como ya se ha vivido en nuestro país, sin esa ley”.

Por eso, subrayó que “me parece que el Gobierno debe hacer todo lo posible por evitar que esa ley salga como está”.

Mientras, en el Parlamento en Valparaíso, la senadora Fabiola Campillai junto a familiares de ejecutados políticos de la dictadura y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, criticó nuevamente la propuesta legal que impulsa Chile Vamos.

Campillai precisó que “hoy nos enfrentamos a una ley exprés” y criticó que no se haya escuchado a ningún experto en la Comisión de Seguridad. “Es impresentable que no se haya escuchado al alto comisionado de la ONU que quiso exponer y no se le permitió”, dijo.

En ese sentido mencionó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda hacer un proceso participativo, el cual escuche a los expertos, a los académicos, a la gente, al pueblo y que se escuche a las víctimas de todo lo que ha ocurrido, para poder legislar en el uso de la fuerza y las armas en las policías”.

Junto a otras víctimas del estallido, como el hijo de Cristián Valdebenito, muerto en los incidentes, y Miguel Rojas, quien sufrió una golpiza policial, añadió que “esta ley obstaculiza la investigación y la justicia en los casos de violaciones a derechos humanos del estallido y además garantiza la impunidad”.

El articulado más controversial de la iniciativa es el que concedería a los funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería una la legítima defensa privilegiada. Es decir, una presunción de uso justificado cuando percuten su arma de servicio, dejando la carga de la prueba a las eventuales víctimas del actuar policial.