Especialistas advierten las consecuencias del bajo interés ciudadano en el proceso constituyente

Pese a que señalaron que el ingreso de propuestas por parte de la población ante el Consejo puede de alguna manera "moderar" la visión de una mayoría electoral, si la gente se llega a sentir lejana al texto, podría haber poca "lealtad institucional".

Pese a que señalaron que el ingreso de propuestas por parte de la población ante el Consejo puede de alguna manera "moderar" la visión de una mayoría electoral, si la gente se llega a sentir lejana al texto, podría haber poca "lealtad institucional".

Considerando el acotado tiempo que tendrá el Consejo Constitucional para zanjar una nueva propuesta constitucional, analistas políticos manifestaron su preocupación por sellar este tipo de discusión en el país ante una ciudadanía que ha visto con lejanía el proceso.

Y es que de acuerdo a la encuesta Plaza Pública de Cadem del pasado 9 de julio, sólo el 25% aprobaría el texto en el plebiscito de salida en diciembre, bajando en 5 puntos porcentuales, en contraste con un 55% que la rechazaría. En tanto, la desconfianza en el rol de los expertos llegó a un 60%, mientras la desconfianza en que el nuevo Consejo Constitucional logrará proponerle a Chile una constitución que sea votada a favor alcanzó el 63%.

Además, la encuesta Criteria reportó que el interés del proceso constituyente, que había tenido un aumento relacionado a las elecciones del 7 de mayo, presentó una caída de 8 puntos para llegar a un 32%.

Frente a este panorama, la académica de la Universidad de Chile y vocera de la Secretaría de Participación Ciudadana, Claudia Heiss, comentó que respecto del vínculo entre la población y el proceso si bien “tenía todas las condiciones para ser muy baja”, debido a la composición con la que resultó electa el Consejo Constitucional y que podría haber derivado en un desincentivo para la participación de sectores del signo político contrario, “eso no ocurrió”.

Según Heiss “lo notable es que hubo mucha gente que, a pesar de que no tiene los votos en el Consejo para que se aprueben las cosas que ellos están defendiendo, el fortalecimiento del Estado social, el fortalecimiento de lo público, de la educación pública, de la salud pública (…) aun así la gente se expresó, concurrió a las audiencias públicas, tuvimos más de mil en todo el país, entraron 31 IPN. Creo que esto muestra que la gente tiene cosas que decir y que se necesitan espacios de participación ciudadana institucionalizados”.

Por lo mismo, la también encargada de las audiencias públicas sostuvo que esta situación “muestra que la gente toma los espacios que se abren para expresar su opinión y creo que puede tener incidencia en el proceso, en términos de que los consejeros y las consejeras vean que el hecho de que ellos sean una mayoría electoral (de derecha) no significa que no existan estas otras voces y eso es algo que ocurrió bastante en el proceso anterior (…) Entonces, yo creo que podrían estos mecanismos ayudar a moderar un poco el triunfalismo que pueda tener una mayoría electoral y la posibilidad de olvidar que las voces distintas, que la gente que piensa distinto no exista”.

Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias que podría tener para el proceso una eventual “derechización” de la propuesta constitucional: “Sería muy lamentable. El texto de la Comisión Experta para los sectores de izquierda es como un ‘mínimo’, que refleja algún avance respecto del texto actual y si se derechiza creo que los sectores de centro e izquierda no van a estar disponibles para apoyar un texto que de alguna manera refuerce aquello que se rechazó de la Constitución del ’80”, afirmó.

El analista político y docente de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, mencionó que la desconfianza que han mostrado algunos sondeos respecto al proceso constitucional ha sido un factor que ha incidido en la participación ciudadana, toda vez que ha sido una fase principalmente controlada por los partidos políticos.

En ese sentido, manifestó que “escribir una constitución no es solamente aprobar un texto y llegar a un acuerdo sobre eso, sino que también involucra un proceso en donde tú te haces parte de una comunidad, la idea de una discusión donde qué reglas del juego voy a tener para relacionarme con el resto de la ciudadanía; qué deberes, qué derechos tengo que tener. Ese tono de discusión yo creo que no ha existido en el proceso constituyente, ni el en anterior ni en este”.

Por lo mismo, consideró que “tiene mucha relevancia el que la ciudadanía efectivamente se sienta parte del proceso, que sienta ‘lealtad institucional’, es decir, que el texto aprobado refleje a un acuerdo social respecto de cómo queremos convivir. El problema es que, si la ciudadanía se siente lejana ciertamente el texto, si es que incluso se llega a aprobar, podría tener poca lealtad institucional, poco apego a mantener ciertas reglas, de convivir con esas reglas”.

Mientras el analista político especializado en el proceso constitucional, Danilo Herrera, aludió que parte de los motivos por los cuales hubo una menor participación ciudadana en comparación con el anterior obedece, más bien, a temas prácticos, considerando el tiempo acotado que tiene el Consejo Constitucional de consolidar una nueva propuesta.

En concreto, indicó que “pese a que podemos estar de acuerdo con que hay mucho menos interés que en el proceso anterior, este fue un proceso participativo que funcionó apenas un mes”, puntualizó, recordando que, si bien en la etapa desarrollada por la extinta Convención se ingresaron 78 iniciativas populares de norma, versus las 31 del proceso actual, se contó con más de 70 días para consolidar dichas disposiciones.

Además, reafirmó que “al final la ciudadanía le va a dar el visto bueno o no a este proceso el 17 de diciembre” y matizó que en relación a esta posible derechización “en comparación al proceso anterior” es factible, aunque “a la constitución vigente, tenemos que ver las reacciones”. “Ahí te das cuentas que las iniciativas de derecha (en el proceso anterior) no entraron y de izquierda entraron muchas. Ahora, uno puede hacer la relación y puede llegar a la misma conclusión a la inversa, al menos con las iniciativas populares de norma. No me arriesgaría a decir (lo mismo) sobre las normas de los consejeros, porque ahí puede haber negociaciones”, concluyó.





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