Una vez más, parlamentarios de Chile Vamos cuestionaron la comisión asesora presidencial contra la desinformación que comenzó a sesionar junto a varios expertos y académicos sobre el tema, ya que desde ese sector político consideran que se trata de una inconstitucionalidad.

Así lo comentó la senadora de la UDI Luz Ebensperger, quien explicó que como bloque piden que sea esa rama del Parlamento la que presente ante el Tribunal Constitucional un reclamo para que se disuelva la instancia.

“Lo que pedimos que se retrotraiga respecto a la creación de esta comisión contra la desinformación porque uno de sus fundamentos dice ‘fortalecer la democracia’. Pero nosotros creemos que uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de expresión y no nos parece la existencia de una comisión contra la desinformación que va a establecer cuáles son las verdades oficiales”, argumentó la legisladora gremialista.

Para la parlamentaria, la entidad “atenta contra uno de sus pilares fundamentales que es el derecho a la libre expresión”.

La senadora agregó que el decreto “establece que una de sus facultades es generar políticas públicas. Y las políticas públicas sí establecen una determinada manera de pensar”.

Ebensperger precisó que “desde el punto de vista constitucional, el (artículo) 19 número 26 de la Constitución establece qué puede o hasta dónde llega la potestad reglamentaria y qué requiere necesariamente una ley”.

A eso sumó que “el artículo 64 de la Constitución establece cuáles de los casos o materias que sólo pueden ser tratados por una ley en relación al 19, número 26 que los invito a leer. Esto es claramente inconstitucional porque cuando se afecta una de las garantías establecidas en el artículo 19, eso solo puede hacerse con reforma constitucional o modificación legal”.

La idea de los parlamentarios de Chile Vamos fue cuestionada por el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores, quien puntualizó que “es un proyecto que no compete a nuestro rol como legislador por cuanto el Ejecutivo es el Gobierno y tiene que gobernar y puede formar cuanta comisión asesora se le ocurra formar para mejor informarse”.

Agregó que “esta es una comisión que no es vinculante en materia legislativa. Por lo tanto, es parte de la función del Gobierno convocar a expertos o a personas que desee consultar”.

La iniciativa opositora fue cuestionada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que no hay argumento válido en la afirmación de los legisladores de Chile Vamos.

“Aun cuando estresara todas las palabras que se encuentran contenidas en ese decreto supremo, no hay nada que se refiera a libertad de expresión, no hay nada que se refiera a los medios de comunicación y simplemente lo que hace ese decreto es crear una comisión asesora presidencial para recopilar información sobre los efectos de la desinformación en la democracia”, precisó.

Por eso insistió en que “me parece forzado el argumento de constitucionalidad y me parece más complejo aún llevar al Tribunal Constitucional un decreto que crea una comisión asesora presidencial”.

Cordero puntualizó que “si es eso lo que está en juego, si cada comisión asesora presidencial que se crea, que son muchas, que son múltiples, que se han creado durante largos años, que abordan aspectos que luego son conocidos por el Congreso, son materia de ley, la verdad sea dicha es que esto tiene un efecto que va más allá de esta comisión y pone en entredicho una potestad presidencial que hasta ahora había sido pacífica”.

El titular de Justicia señaló que “me parece más transparente tener una comisión de expertos ajena al Ejecutivo sobre elementos clave sobre la desinformación, asumiendo que la desinformación es compleja para la democracia. Yo entendería que estamos de acuerdo en eso; si no estamos de acuerdo en eso, entonces tenemos una discrepancia que es un poco mayor”.