El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó este lunes ante los tres poderes del Estado, incluido el Presidente Gabriel Boric, su informe anual sobre la situación de los DDHH a nivel país enmarcado a 50 años del Golpe de Estado y a 75 de la declaración universal de los derechos humanos.
Desde el Parque por la Paz Villa Grimaldi, la directora del INDH, Consuelo Contreras, presentó el documento que cuenta con seis capítulos y un total de 437 páginas. En su contenido, además de actualizar ejes ya establecidos en años anteriores, en esta edición se incorporó un capítulo titulado “Violencias y vulneraciones de derechos humanos en las regiones centro-sur de Chile”.
El apartado número dos apunta a las afectaciones de la población civil residente del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos realizada por agentes no estatales y con el aporte de organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violencia rural, comunidades mapuche y autoridades, detectando vulneraciones a nivel de violencia interpersonal pero también a la libertad de circulación y residencia, al derecho a la propiedad, a la libertad religiosa y al derecho de la educación.
Junto a ello, se identificó la responsabilidad del Estado tanto en las obligaciones y omisiones al abordar las violencias por parte de particulares en la macrozona sur como también de las limitaciones para recibir información desde los programas e instituciones responsables de la seguridad.
En el marco de esta instancia, el Presidente Gabriel Boric señaló que recogerá las observaciones planteadas y agradeció la instancia asegurando que “no es solamente en cumplimiento formal de las obligaciones legales que tenemos, sino que emana de una profunda convicción que me asiste de que solo con el respeto al Estado de derecho y por sobre todo con más democracia es posible hacer valer la vigencia de la Carta Fundamental de los derechos humanos”.
“Esa es parte esencial de la democracia, la democracia tiene en sí misma un germen de inconformidad que es necesario y, por lo tanto, está en permanente evolución. La democracia nunca se va a ver satisfecha porque las demandas de la ciudadanía van a ir mutando”, añadió.
Otros capítulos
En la presentación, consejeros del INDH como la académica Haydee Oberreuter y el abogado Ignacio Covarrubias presentaron los capítulos restantes, comenzando por el primer apartado que se refiere a los “50 años del Golpe de Estado en Chile. Avances y deudas en el cumplimento de las obligaciones internacionales en materia de justicia transnacional”.
El INDH evalúo la continuidad del cumplimiento de las obligaciones del Estado por las violaciones graves, masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos cometidos por la dictadura. En esta arista, el estudio recopiló las recomendaciones al Estado, incluyendo propuestas de las comisiones de verdad y por los órganos de tratados internacionales, concluyendo que el 73 por ciento de estas recomendaciones fueron parcialmente cumplidas o pendientes de cumplimiento.
El tercer capítulo sobre el “principio de no discriminación y derechos sociales” analizó las garantías de los derecho sociales en tres grupos de especial protección: mujeres, personas en discapacidad y de la comunidad LGTBIQ+. En este capítulo se concluye que el Estado ha avanzado en normas, pero su efectividad es dudosa dado que no están asegurados los recursos financieros en educación, ni tampoco capacitación adecuada para profesionales de salud y no existe una adecuada evaluación de la implementación de la normativa antidiscriminación en los ámbitos nombrados.
A esto se suma el capítulo denominado “informe de función policial y orden público” que evalúo el cumplimiento de más de 300 recomendaciones planteadas por el Instituto en relación a la actuación policial frente a garantizar la libertad de reunión, de expresión y opinión, derecho a la vida, integridad psíquica y física de las personas. En este apartado, se alerta de la falta de adecuación de la conducta policial a los estándares internacionales de derechos humanos. El 55,5% de las recomendaciones están pendientes de cumplimiento.
El quinto capítulo trata sobre “gestión de desastres en Chile desde la perspectiva de los DD.HH.”. La institución relevó que el Estado de Chile ha incorporado un enfoque de DDHH en esta materia, analizando la actuación estatal se concluyó como desafío disminuir la brecha entre el diseño e implementación de la respuesta del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
Por último, en el apartado de “derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile”, el trabajo del INDH abordó la actuación del Estado frente a los hechos cometidos entre 1960 y 1990.
En esta arista, se concluyó incumplimiento respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que no existe una instancia estatal dirigida a la modernización de los procesos de adopción, el reconocimiento de las víctimas, la obtención de verdad, justicia y reparación de las víctimas a sus familias de origen de acuerdo a estándares internacionales.
