En su visita a la Región de La Araucanía, la tarde de este jueves ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al informe de la Contraloría General de la República que reportó que 58 de las 419 personas beneficiadas con pensiones de gracia en el marco del estallido social cuentan con antecedentes penales, incluidos delitos violentos, tales como abuso sexual, producción de material pornográfico infantil, homicidio, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, entre otros.

“La verdad es que las personas con condenas son más de 58, el número es más alto. Las pensiones de gracia se otorgan en virtud de un procedimiento que definió la Ley de Presupuestos en 2021, que se aplicó en 2022 y en base a un oficio que dictó el entonces subsecretario (Juan Francisco) Galli que detallaba el procedimiento para el otorgamiento de pensiones de gracia”, explicó la autoridad, en línea con lo expresado previamente por el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, quien afirmó que se trataría de 69 personas en esta condición.

En esa línea, señaló que “dentro de los requisitos no estaba considerada la evaluación de los antecedentes penales. Hoy día que estos están a la vista, el Presidente ha instruido que aquellas personas que tenían antecedentes penales al momento de obtener las pensiones de gracia se evalué uno por uno el caso”, salvo aquellas personas que resultaron con un daño grave y permanente, tales como las víctimas de trauma ocular.

“Al mismo tiempo, ha instruido para que presentemos en el Parlamento un cambio a la ley que implique que de ahora en adelante cada vez que se asigne una pensión de gracia se tenga a la vista los antecedentes penales de las personas y, además, que una vez que a una persona se le haya otorgado una pensión de gracia, si comete un delito de una cierta gravedad, por ley la pierda”, enfatizó.

Por lo mismo, frente a esta problemática la secretaria de Estado defendió que “el Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso que no estuvieran a la vista los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra que así fuera”.

Incluso, Tohá aseguró que en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera también se les fue otorgado pensiones de gracia a personas con antecedentes penales por la comisión de delitos graves y descartó que la actual administración tuviera conocimiento de la situación.

“Se conocieron ahora cuando se elevó este tema, en las carpetas de las personas que solicitaban no estaban los antecedentes penales”, expresó.

Además, afirmó que la revisión de la entrega de pensiones de gracia por parte del Gobierno abarca “no solo las del estallido, sino hacia atrás. En Chile hay 18 mil pensiones de gracia y nunca ha sido un requisito para otorgarlas los antecedentes penales. Esto es algo que tiene que modificarse a futuro”.

Por otra parte, confirmó que el Presidente Gabriel Boric instruyó la semana pasada la revocación del beneficio a una persona con antecedentes penales por pornografía infantil.

Cabe destacar que las declaraciones de la ministra se dan poco después de que la Cámara de Diputadas y Diputados respaldara por 50 votos a favor, 26 en contra y ocho abstenciones el informe de la comisión especial investigadora que apuntó irregularidades en los procedimientos y criterios para otorgar pensiones de gracia.

El diputado de Renovación Nacional e integrante de la comisión investigadora, Andrés Longton, cuestionó el rechazo por parte de parlamentarios de Apruebo Dignidad y un sector del Socialismo Democrático. “Lamento que lo político se anteponga ante cosas tan evidentes y tan escandalosas que causan tanta indignación en el país como despilfarrar recursos públicos de todos los chilenos en delincuentes sobre todo con la crisis de seguridad que vivimos. Basta de defensas corporativas, hay que ponerse al lado de las víctimas y de las familias honestas y pacíficas que están cansados de que la delincuencia toque su puerta”.

“Lo de hoy día era una oportunidad para el oficialismo, pero una vez más vemos que no hay voluntad para poder revertir estas pensiones de gracia otorgadas a delincuentes”, acusó.

Asimismo, agregó que “la Contralora nos envió a la comisión de Seguridad, que integramos entre otros el diputado Jouannet, yo, y el diputado (Henry) Leal, donde le señala expresamente al Presidente que estas pensiones pueden ser dejadas sin efecto a través de la revocación e invalidación. Es más, le dice al Presidente que esto ya se ha hecho antes a propósito, incluso, de una persona que tenía un nutrido prontuario policial. Por lo tanto, Presidente, usted que tiene estos antecedentes lo prudente y lo razonable es que lo antes posible deje sin efecto estas pensiones, porque estamos entregándoles recursos de todos los chilenos a delincuentes todos los meses, mientras muchos chilenos no pueden llegar a fin de mes”.