Los chats entre el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra, donde se evidencia una coordinación entre ambos y el exministro Andrés Chadwick para influir en varias investigaciones judiciales, siguen generando crispación en el mundo político.

Este miércoles, se anunció una nueva querella judicial contra el exfiscal. En paralelo, un grupo de diputados oficialistas volcó su atención a los vínculos de Guerra con distintos municipios de la Región Metropolitana, porque sospechan que su contratación en dichas entidades fueron una retribución por sus favores a Hermosilla, mientras este último era asesor del Ministerio del Interior.

En ese sentido, los diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini, presentaron un requerimiento a Controlaría en el que pidieron indagar los contratos del expersecutor con los municipios de La Florida, Providencia y la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO).

De acuerdo a Cicardini, el objetivo de esta presentación es que se haga “una fiscalización rigurosa” y que se verifique el buen uso de los recursos públicos: “Si se cumplió el contrato con las municipalidades, cómo se comprueban las labores que cumplían, los montos que tenían contratados y por supuesto, también si es que estas prestaciones están conforme a derecho”.

“Creemos que acá se tiene que hacer una investigación a fondo, que prime la transparencia y la entidad que puede hacer rigurosamente esta fiscalización es la Contraloría”, agregó Cicardini.

Por su parte, el diputado Manouchehri apuntó a la presunta conexión entre las gestiones de Guerra en favor de Hermosilla y sus trabajos posteriores.

“(Guerra) hacía diversos gestos que implicaron impunidad en Penta, que implicaron filtración de información en el caso Dominga, entre otras situaciones. Y da la casualidad que, en cuanto sale el señor Guerra de la Fiscalía, tiene trabajo en la Universidad San Sebastián y también en la Municipalidad de Providencia, en la Municipalidad de La Florida y en la Asociación de Municipios del barrio Oriente por la seguridad ciudadana. La pregunta de fondo que nosotros nos hacemos es: ¿Estos trabajos habrán sido la manera de retribuir los gestos que hizo en los casos de impunidad? Porque si así fuera estaríamos en presencia de un cohecho”, acusó.

Desde el Partido Comunista (PC), la diputada del distrito 12, Daniela Serrano, presentó un requerimiento similar al de Cicardini y Manouchehri, pero especialmente enfocado en la relación de Guerra con la Municipalidad de La Florida. 

Mientras, su compañero de bancada, el diputado Luis Cuello, ofició a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, para que esta remita los informes que elaboró el fiscal Guerra en su calidad de asesor en probidad y aclare si es que consideró como antecedente, para contratarlo, su papel en el caso Penta.

“Nos parece importante que esto se transparente, que la alcaldesa Matthei responda a este oficio y que indique si considero estos factores, estos elementos que son importantes que la opinión pública conozca. Que se ponga sobre la mesa cómo se ponderó la experiencia en materia de probidad del exfiscal Guerra”, indicó Cuello.

Leonardo Soto: “Nos sentimos burlados”

En paralelo a los cuestionamientos por su relación con diversos municipios, el diputado del PS y exquerellante del caso Penta, Leonardo Soto, afirmó que al igual que los abogados Mauricio Daza y María Inés Horvitz, también se querellará por los delitos que habría cometido el exfiscal cuando estaba a cargo de dicha investigación.

Soto planteó que “las revelaciones que tenemos de esta maniobra para conseguir impunidad, atravesada por episodios de corrupción y tráfico de influencias, por supuesto no nos pueden dejar de brazos cruzados”. Por lo mismo, expuso que la bancada del Partido socialista está estudiando, en su calidad de “antiguos querellantes y actores en el juicio contra Penta, la posibilidad de ejercer acciones penales en contra del señor Guerra”.

“Al igual que como lo ha hecho la entonces abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz y el abogado Mauricio Daza, nuestros abogados y nosotros como parlamentarios, nos sentimos profundamente burlados por la torcida administración del señor Guerra”, agregó.

Quien también se pronunció sobre la materia fue la diputada de la bancada del PPD, Camila Musante. La parlamentaria es querellante de la arista tráfico de influencias en el Poder Judicial del caso Audios, y en el contexto de las últimas revelaciones pidió a la Fiscalía ampliar la acción para incorporar los antecedentes sobre el exfiscal Guerra.

Tal acción, señaló Musante, se justificaría en que “vemos una concertación entre tres personas: uno exministro de Estado, el otro un exfiscal, una actual ministra de la Corte Suprema y que podría haber significado revelar secretos del juicio”.

“El revelar los secretos del juicio puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, favoreciendo o no a alguna de las partes y eso también es un delito que está incorporado dentro del Código Penal”, argumentó.

Cristián Riego: “Hay muchas cosas que los abogados van a tener que debatir”

Consultado sobre las posibles consecuencias penales que podría sufrir Manuel Guerra tras la publicación de sus chats con Luis Hermosilla, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Riego, aseguró que las conversaciones podrían evidenciar varios delitos.

Sin embargo, en conversación con el programa Política Vivo, el penalista enfatizó en que será complejo llevar el caso ante la justicia, porque algunos de los cargos están prescritos.

Riego explicó que los simples delitos “que son la mayoría”, prescriben en cinco años, mientras que “en el caso de crímenes como el soborno podría no haber prescripción”.

De todas maneras, el abogado advirtió que los plazos serán objeto de discusión. A su juicio, estos se podrían extender porque la supuesta retribución a Guerra se produjo años después de sus favores a Hermosilla.

“Hay muchas complejidades, porque además el cohecho, esta norma que establece que es un crimen, es producto de una reforma que se hizo después del escándalo del financiamiento de la política y yo no sé exactamente si los primeros actos de Guerra y algunas de estas conversaciones, son anteriores a esa norma”, observó.

“Hay muchas cosas que los abogados van a tener que calcular y debatir porque claro, uno podría pensar: ¿cuándo se consume el delito? Yo estaría de acuerdo con que el delito se consume probablemente desde el momento en que se produce la retribución”, afirmó.