El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas en los estados de Oregón e Illinois durante un plazo de al menos dos meses, pese al rechazo del gobernador de Illinois, JB Pritzker, que ha denunciado lo que ha tachado como “invasión” por parte del presidente Donald Trump.

La movilización ha sido formalizada legalmente a través de un memorando del secretario de Defensa, Pete Hegseth, dirigido al ayudante general de la Guardia Nacional de Texas, Thomas Suelzer, a través del gobernador republicano, Gregg Abbott.

“El presidente me ha autorizado a coordinar con usted la movilización de hasta 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas“, reza el documento legal, cotejado por Europa Press y que estipula que la orden de movilización “entrará en vigor de inmediato por un período inicial de 60 días, sujeto a prórroga, para realizar misiones de protección federal donde sea necesario, incluyendo las ciudades de Portland y Chicago”.

Washington ha justificado la decisión alegando que el inquilino de la Casa Blanca “ha determinado que los incidentes violentos, así como la amenaza creíble de violencia continua, impiden la aplicación de las leyes de Estados Unidos en Illinois, Oregón y otros lugares del país“.

El texto, que no especifica la cantidad de efectivos destinados a cada uno de los estados mencionados, sí precisa que “los militares movilizados estarán bajo el mando y control del comandante del Comando Norte de Estados Unidos”, Gregory Guillot.

Juez federal bloquea despliegue

Una jueza federal del estado noroccidental de Oregón, en Estados Unidos, ha ordenado paralizar por segunda vez el envío de tropas federalizadas de la Guardia Nacional de California, o de cualquier otro estado, a las calles de Portland, horas después de que la Casa Blanca haya actuado para movilizar centenares de efectivos tanto del estado de California como del de Texas.

“Tras haber recibido una orden de restricción temporal para federalizar y desplegar a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón en Portland, los demandados (Trump y los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional, Pete Hegseth y Kristi Noem, así como sus carteras) se han preparado para desplegar al menos 200 miembros de la Guardia Nacional de California para llevar a cabo la misma misión ilegal en Portland bajo la misma autoridad inadecuada”, ha expuesto la jueza federal de distrito Karin Immergut acerca del proceder de la Casa Blanca.

De este modo, ha aceptado la solicitud de una orden de restricción temporal presentada por el estado de California, que demandaba impedir el despliegue de hasta 300 miembros de la Guardia Nacional de California en Portland.

“Es necesaria una orden de restricción temporal adicional para preservar el statu quo e impedir que los demandados eludan la orden de este Tribunal“, reza la resolución, que defiende el dictamen original como prevención de “múltiples formas de daño irreparable que se producirían una vez que los militares estuvieran en el terreno”, citando dentro del concepto de “daños irreparables”, “el aumento del malestar social que requiere la desviación de los recursos policiales estatales y locales una vez que los militares se movilizan”.

Asimismo, la magistrada ha señalado que “eludir la conclusión de este Tribunal de que dicho despliegue fue ilegal” al movilizar tropas de la Guardia Nacional federalizados de otros estados, una actuación que, según la jueza, “altera el statu quo que la orden de protección temporal original del Tribunal pretendía preservar y amenaza con causar muchos de los mismos daños irreparables que las acciones que este Tribunal prohibió directamente”.

“Por lo tanto, está dentro de la facultad de este Tribunal otorgar una orden adicional para bloquear la vía que los demandados están utilizando para eludir la orden anterior“, ha concluido.