En medio de la controversia, el Gobierno salió al paso a través de un comunicado de prensa y negó que se hayan usado recursos públicos para financiar gastos de funcionamiento de la Oficina del Presidente Electo (OPE). Desde el Ejecutivo argumentaron que los pagos cuestionados corresponden en realidad a labores vinculadas al cambio de mando.
Uno de los antecedentes que desató la polémica fue la visita de un equipo de la Contraloría General de la República a las oficinas de la Dirección Administrativa de la Presidencia. El objetivo de esa inspección era revisar los pagos a personal y otros gastos asociados a la Oficina del Presidente Electo (OPE) durante el periodo enero-marzo de 2026.
Ante esa situación, desde Presidencia expresaron: “Al respecto, señalar que no hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo”.
Sobre lo que publicó La Segunda, que daba cuenta de pagos a integrantes de la OPE, la respuesta del Ejecutivo fue la siguiente: “Estos se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes”.
Las autoridades añadieron un dato comparativo: “En 2022, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 19, incluyendo a las exministras Izkia Siches y Antonia Orellana, quienes desempeñaron funciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022. En el 2026, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 11”.
Para cerrar, señalaron: “La Dirección Administrativa de la Presidencia colaborará con la Contraloría General de la República para proveer de los medios de información necesarios para el buen resultado de este cometido”.
