A solo 69 días del inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, La Moneda concretó su primer cambio de gabinete con la salida principalmente de la ahora exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La salida de Steinert se precipitó luego de la controversia generada por sus declaraciones sobre el plan de seguridad del Gobierno, lo que abrió una fuerte polémica política y parlamentaria. A ello se sumaron cuestionamientos por la conducción del Ministerio de Seguridad, dudas sobre su manejo político y críticas respecto de la falta de claridad en la hoja de ruta del Ejecutivo en una de las áreas más sensibles para la administración republicana.

Sobre el escenario que enfrenta la cartera de Seguridad tras la salida de Steinert, el académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, en diálogo con Política en Vivo, sostuvo que el principal problema del Ejecutivo ha sido la ausencia de una estrategia clara en esta materia.

“Yo creo que lo más importante desde la perspectiva del análisis es que el gobierno de Kast no tenía un diseño claro respecto de lo que había que hacer en seguridad ni tampoco un diseño claro respecto de cómo llegar a lo que había ofrecido en la campaña”, afirmó.

En esa línea, Frühling cuestionó el uso político que históricamente ha tenido la seguridad pública en el debate nacional y planteó que la crisis podría abrir espacio para una discusión más técnica.

“La seguridad ha sido usada como un caballito de batalla para criticar al gobierno de turno, especialmente si este es de centro izquierda, y ojalá esto abra el foco para un tratamiento más serio del tema y menos escandaloso”, señaló.

El académico además explicó que actualmente existe una Estrategia Nacional de Seguridad Pública vigente y aprobada por un período de seis años, por lo que el problema no radicaría en la inexistencia de un plan, sino en la falta de claridad política respecto de las prioridades del Gobierno.

“Yo creo que lo que la gente, incluyendo a los diputados, le pedía a la ministra no era tanto el montaje de un gran plan con objetivos, indicadores y metas, sino más bien que explicitara qué es lo que iba a hacer y qué la iba a diferenciar de los gobiernos previos a los que se había criticado de manera tan inclemente”, indicó.

A juicio de Frühling, la llegada del nuevo ministro abre una oportunidad para redefinir públicamente la conducción del área. “Ahora se abre la posibilidad para que el nuevo ministro comience a aplicar el plan, lo corrija donde le parezca necesario y lo explicite públicamente”, afirmó, agregando que el desafío es avanzar hacia “una política que ya no se resuelve en los matinales, sino que en la convergencia entre los organismos de seguridad y el gobierno”.

Respecto del funcionamiento institucional del sistema de seguridad, el experto llamó a evitar visiones alarmistas frente al cambio de autoridad y destacó que las principales instituciones mantienen dinámicas relativamente estables.

“Buena parte de los organismos que funcionan en el sistema de seguridad son instituciones pesadas, difíciles de mover y que no se las puede cambiar de manera brusca”, sostuvo, mencionando el trabajo de Carabineros de Chile, el Ministerio Público y el sistema judicial.

En ese sentido, señaló que “no hay que temer que por la falta de conocimiento del nuevo ministro se vaya a caer la estantería”, aunque enfatizó que sí se requiere conducción técnica y capacidad de evaluar los cambios implementados en los últimos años.

Frühling también identificó desafíos estructurales pendientes, especialmente en el rol preventivo de Carabineros. Según explicó, la institución enfrenta una disminución de personal producto de retiros voluntarios y falta de nuevos aspirantes, lo que obliga a fortalecer la formación policial y ampliar capacidades institucionales.

“No podemos perder la inclinación primordial de Carabineros como entidad preventiva y asumir que la van a reemplazar estas guardias municipales o las oficinas de seguridad ciudadana”, advirtió.

El académico además planteó la necesidad de realizar una evaluación independiente del funcionamiento de la investigación criminal, particularmente respecto de homicidios y delitos violentos. Allí incluyó la labor del Ministerio Público, el Instituto Médico Legal y Gendarmería de Chile.