Con el objetivo prioritario de avanzar hacia la erradicación progresiva de una de las expresiones más severas de violencia contra la infancia, el Ejecutivo presentó de forma oficial el “Marco de Acción contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) 2024–2032”. La iniciativa corresponde a un diseño de política pública elaborado mediante el trabajo técnico conjunto entre la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada (Mejor Niñez) y Unicef, contando además con la asesoría de la Defensoría de los Derechos de la Niñez en este 2026.

La ESNNA está tipificada como la utilización de menores de edad en dinámicas o actos de significación sexual a cambio de incentivos, dinero, bienes, drogas, alojamiento o protección, ya sea para beneficio directo de la víctima o de terceras personas. Las autoridades ministeriales enfatizaron de manera tajante que el consentimiento de la víctima jamás podrá ser invocado por las defensas para desestimar la configuración del delito, dadas las devastadoras secuelas biopsicosociales y de salud mental que estos traumas provocan en las etapas del desarrollo.

Los antecedentes recopilados por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez exponen una realidad compleja en términos de cobertura y persecución criminal. Las planillas de monitoreo institucional arrojaron un preocupante incremento en las denuncias entre los años 2022 y 2024, periodo en el cual el volumen de víctimas identificadas por las agencias del Estado experimentó un alza del 72%, elevando el registro neto desde los 979 casos hasta alcanzar las 1.691 indagatorias vigentes en este 2026.

Este aumento se cruza directamente con un marcado sesgo de género y el desarrollo del entorno digital, donde las plataformas virtuales y las redes sociales se consolidan como el principal vector para el reclutamiento y la captación de afectadas. De hecho, el 90% de las víctimas en los delitos de obtención y facilitación corresponden a mujeres adolescentes de entre 14 y 17 años.

Respecto al perfil del agresor, las estadísticas oficiales indican que el 85% de los victimarios pertenecen al entorno comunitario de los menores y no corresponden a familiares directos, registrándose además una prevalencia mayoritaria de hombres. Finalmente, en cuanto a la distribución territorial, si bien el fenómeno se concentra cuantitativamente en las grandes urbes, las mayores tasas de incidencia por cada 100 mil menores se registran de forma crítica en la Región de Magallanes con 165 casos, seguida posteriormente por la Región de Ñuble con 75 y la Región de Los Ríos con 48 indagatorias registradas.

Los cinco pilares del plan de contingencia estatal

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, subrayó que la gravedad del escenario no deja espacio para la inacción, exigiendo una coordinación real entre ministerios y el sistema judicial para priorizar el resguardo de los niños. El plan estratégico contempla el despliegue de 20 acciones intersectoriales estructuradas en cinco dimensiones: Prevención y Promoción, Protección de Derechos, Seguimiento y Acompañamiento, Estudios e Investigación, junto a directrices transversales.

Por su parte, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, detalló que las Mesas de Articulación Interinstitucional operarán con un fuerte foco en los territorios afectados para anticipar los factores de riesgo. En tanto, el director nacional de Servicio de Protección Especializada, Claudio Castillo, puntualizó que la meta inmediata de este marco radica en optimizar los canales de detección temprana en residencias y colegios, optimizando las rutas de reparación e interrupción del delito junto a fiscalías.

Finalmente, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, junto a la representante de Unicef en Chile, Violet Speek-Warnery, valoraron que el Estado asuma estas directrices, alineando la legislación interna con las obligaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño que el país ratificó en 1990.