“Este reporte es alarmante, acá nos damos cuenta que el activismo ambiental es comunitario y está vivo gracias a la resiliencia de las mujeres a lo largo de todo el territorio” advierte Paulina Ibarra,  co-fundadora y Directora Ejecutiva de Fundación Multitudes.

La anterior es una de las reflexiones luego de la presentación del Informe “Defensoras ambientales en Chile. Patrones estructurales de violencia, brechas institucionales y desafíos para la implementación del Acuerdo de Escazú”.

En el estudio, se examinan las dinámicas territoriales de los conflictos socioambientales, las experiencias de violencia y riesgo que enfrentan las defensoras, así como las respuestas institucionales existentes en el país.

Las participantes señalan dificultades para acceder a canales de denuncia y percepciones de escasa coordinación entre instituciones públicas.  Al observar las categorías más amplias de violencia reportadas por las defensoras, se identifica un patrón en el que predominan las formas psicológicas, simbólicas y políticas de agresión.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Paulina Ibarra recuerda una preocupante realidad: América Latina es el peor lugar para ser defensores y defensoras ambientales. 

“Es importante no dejarlas solas, apoyar la ley  de protección y democratizar el acceso a la justicia” afirma la cientista política y una de las líderes de esta investigación. “Cuidar a quienes nos cuidan y entender que la crisis climática y la equidad de género caminan de la mano, no es un lema político es una necesidad urgente para la supervivencia de nuestras comunidades y también para la protección de la sustentabilidad de nuestros recursos naturales” reflexiona.

Por eso, advierte lo siguiente: “No es un tema exclusivo de la naturaleza, es un tema económico para el país”.

-En el estudio mencionan: “Más que imponer una categoría externa (definición de Defensora ambiental), el informe busca establecer un diálogo entre el lenguaje institucional de protección internacional y las formas locales de nombrar y ejercer la defensa del territorio”. ¿Por qué es importante esta aclaración?

Es la tercera investigación para recabar evidencia y luego hacer un trabajo de incidencia serio. Es importante mencionar que en América Latina la defensa del medioambiente y de los derechos humanos tiene un costo humano altísimo.

Más allá de que nuestro estudio haya sido enfocado en particular en las mujeres de pueblos indígenas y defensoras territoriales, esto es mucho más amplio. Porque lo que hemos visto, en un periodo de tres años, es una violencia sistémica, múltiple y con fuerte enfoque de género.

Entonces, lo que nosotros proponemos es justamente un dialogo porque hay parte de la violencia que se establece, claramente, en el rol de que ellas mismas no se reconocen como defensoras medioambientales. Estas son definiciones que están dadas por marcos regionales o globales.

En la versión ratificada por Chile (Acuerdo Escazú) no hay una dimensión de género, no se explicita, sino que se habla de defensores en general.

Hay cosas muy de fondo que tienen que ver con que no existe una definición exhaustiva. De hecho, la Organización de los Estados Americanos (OEA) en conjunto con otras organizaciones multilaterales en la región están trabajando en una definición de defensora en un contexto de género.

En ese sentido, por eso somos más abiertos porque cuando pones limitantes a la definición, muchas de las mujeres que son defensoras no se consideran tal. Un dato muy interesante es que nosotros enviamos la invitación a participar de la encuesta a más de mil 300 mujeres que nosotros consideramos defensoras medioambientales. Y en sus respuestas advertían: Es que yo no soy defensora medioambiental, soy defensora de mi territorio, de mi comunidad o me preocupo de proteger los animales…

En realidad, esa falta de autorreconocimiento es un problema de infraestructura (redes o espacios seguros institucionales) cuando se trata de la protección del medioambiente, protección de los derechos humanos y protección de las mujeres.

– La metodología combina, entre otras acciones, trabajo de campo y encuesta nacional. ¿Cómo se definieron los protocolos de cuidado? Entre ellos, el anonimato.

Eso fue fundamental, especialmente, para todas las mujeres que participaron de la investigación. Nosotras no solamente trabajamos con una sensibilidad muy profunda, sino que con perspectiva de género. Lo anterior, en el sentido de que muchas de las mujeres que iban a participar, o teníamos consideradas, han sido víctimas de violencia sistémica por parte de distintos agentes.

Primero, nosotros trabajamos de la perspectiva de una encuesta enviada a nuestras redes, con las cuales ya hemos construido y trabajado en casos anteriores, con mucho resguardo por el anonimato.

Está claro en el proyecto, nosotros tenemos que seguir los lineamientos de las leyes de Protección de Datos de Inglaterra y de la Unión Europea. Justamente, porque en muchos casos el mismo Estado era el autor de esta violencia. No podíamos exponerlas aun mas de lo que ya están expuestas…

Segundo, trabajamos con un grupo de mujeres y un hombre que forman parte de las comunidades indígenas, que tienen un liderazgo y que tienen una participación activa para crear y fomentar esa red de confianza. Elisa Loncón ha trabajado con nosotros ya unos 5 a 6 años con esta perspectiva y las otras consultoras tienen redes establecidas.

Son los puntos críticos no solo para la ejecución del proyecto sino para la retribución, la justicia de estas mujeres. Todas reconocieron ser víctima de algún tipo de violencia: digital, institucional, entre otros, que detallamos en el estudio. Había una necesidad de hacer un tratamiento de mucho cuidado.

-En el informe se advierte que “los testimonios recogidos permiten identificar un elemento común: la defensa del territorio produce efectos directos sobre los cuerpos y las vidas de quienes la sostienen”.

“Al ser consultadas sobre qué grupos enfrentan mayores dificultades en el ejercicio del activismo ambiental, las personas encuestadas identificaron principalmente a mujeres activistas y a activistas de pueblos originarios. A estos grupos les siguen activistas pertenecientes a comunidades de la diversidad sexual y activistas afrodescendientes”. ¿Cómo observan estos relatos?

Es conocido por múltiples estudios, no solamente los nuestros, que las mujeres de comunidades indígenas son cinco veces más propensas de recibir este tipo de ataques. Acá estamos viendo que el ejercicio de participación ciudadana que ellas hacen, de defensoría de sus territorios, pasa por muchas variables.

Por ejemplo, hay una serie de otras vulnerabilidades que no hemos llegado a investigar en profundidad. El hecho de que existan mujeres de la diversidad sexual dentro del entorno de los pueblos originarios, es un tabú.

También si hoy hablamos de la pesca artesanal o el activismo en la defensa de la pesca artesanal frente a la pesca industrial siempre se nombran a los hombres. Sin embargo, resulta que las mujeres tienen un espacio enorme dentro de ese activismo y que tampoco es reconocido.

Al ir agregando la multidimensionalidad de la mujer, de la precariedad, de la territorialidad, de la diversidad sexual, de los pueblos originarios,  vamos aumentando las posibilidades de que sea objeto de violencia de algún tipo debido a su activismo. Ése es el punto más importante, ver a este grupo en su conjunto y entender que el impacto es enorme.

-En particular, el trabajo de campo incluyó la realización de grupos focales en ocho territorios del país (Arica, Coquimbo, Quintero, Santiago, Temuco, Cañete, Chiloé y Rapa Nui) ¿Qué elementos se pueden comentar sobre esta etapa?

Me llamaron la atención lugares como Quintero o en la zona de Cañete donde vimos violencia vicaria. Y la violencia vicaria, para explicarlo, es la violencia que se ejerce contra los hijos de las defensoras como una forma de amedrentarlas.

Hace como dos años, con otra entidad de cooperación internacional, realizamos un estudio muy similar en Perú, Colombia y Ecuador. Justamente, en el ámbito de las mujeres que defienden el medioambiente y los derechos humanos.  Enfocado en la violencia digital y la desinformación contra ellas, reconocían que esto era concertado y que había financiamiento detrás por el tipo de canal que usaban para viralizar estos ataques.

Y ocurre lo mismo acá con el tipo de violencia que se ejerce contra las defensoras y los territorios. Es un dato duro, un dato clave, para ir avanzando en estos temas. Donde vemos que quizás en las zonas de sacrificio esta violencia está mucho más normalizada lo que produce un daño más profundo y a largo plazo.

Hay experiencias de mujeres que llevan 10 años recibiendo amenazas y sobre las cuales no se ha hecho nada.

– El estudio incorpora entrevistas a representantes de instituciones. El mecanismo más mencionado fue el Protocolo de Protección para personas defensoras de derechos humanos. Y que el Acuerdo de Escazú está en una etapa “temprana” de implementación. ¿Cuáles son los desafíos y las brechas que se pueden identificar en las políticas de protección?

Esto es interesante porque creo que hay una perspectiva sesgada que tiene que ver con no ver esas brechas de desprotección institucional, las brechas del Estado. Y en el caso del protocolo, hay un montón de cosas que no están bien definidas y establecidas. Por un lado, entiendo la postura del Estado pero el protocolo no tiene un enfoque de género.

En sí, tampoco tiene la infraestructura necesaria para trabajar, por ejemplo, desde la perspectiva desde los centros de salud. Esto, al considerar el momento que se hace una denuncia y es necesario todo un proceso de acompañamiento y de apoyo. Mi sensación, y por eso los temas que describí en las recomendaciones del estudio, es que falta una relación mucho más profunda entre el Estado y las comunidades. No está acompañado con el financiamiento necesario.

Y esto contraviene los compromisos del Acuerdo de Escazú. Igualmente, creemos que con la gente que nos sentamos a conversar, que hicimos la entrevista en profundidad, hay una suerte de voluntad de querer avanzar en estos temas.

– ¿Cuáles son las principales recomendaciones?

Pasar del papel a la acción. Chile no puede quedarse solo en la ratificación del Acuerdo sino que debemos exigir que se acelere la tramitación del proyecto de ley de protección de defensores de la naturaleza.

Se presenta y se le da dientes a este proyecto de ley, se tiene que trabajar para la creación de un Mecanismo nacional de protección especializado, con un presupuesto, con la institucionalidad y reconociendo esta violencia como un crimen. Y que eso tenga su impacto en el Código Penal, entre otros.

Creo que lo que se hizo bien durante la administración del presidente Boric es que se introduce la idea de género y, por tanto, se abre una puerta a instalar el reconocimiento a que sean defensoras y defensores de derechos humanos.

Hay que dar respuesta inmediata a las amenazas, los hostigamientos y ataques directos como los allanamientos que registra el informe y esto si se puede hacer al avanzar rápidamente en este proyecto.

Considerar el enfoque de género e interseccionalidad, esto tiene que ser obligatorio. Las medidas de protección actuales son muy neutras en lo que se refiere a la práctica de proteger a las mujeres. Las recomendaciones que hicimos exigen que el protocolo entienda que las defensoras sufren una violencia distinta: desprestigio de su vida privada, amenazas a sus hijos, violencia física y violencia psicológica. Se necesitan medidas específicas para las mujeres en zonas rurales, pueblos indígenas y lugares aislados.

En otra categoría, todo lo que tiene que ver con la brecha digital y la violencia en línea. Al ser las redes sociales el principal canal de descalificación y campañas de odio dirigidas a minar la salud mental de las activistas. Nosotros pusimos un foco muy claro en esta dimensión porque creemos que el Estado, en conjunto con las plataformas, debe generar protocolos de respuesta rápida contra la violencia de genero en línea.

Y por último, los temas de reparación y apoyo psicosocial. Cuando ves que el 50 por ciento de las mujeres con las que trabajamos sufre violencia psicológica y casi el 80 por ciento tiene miedo de su integridad física, claramente hay un daño profundo a la salud de esa mujer y también a la salud comunitaria.

Las recomendaciones son un llamado de atención directo. La justicia ambiental en Chile nunca será efectiva si no se implementa el Acuerdo de Escazú con recursos reales, con un enfoque de género estricto y una protección a la integridad física como la salud mental de las defensoras.

Foto portada. Tribunalambiental.cl