El Gobierno dio a conocer este lunes 25 de mayo los primeros resultados de la denominada “auditoría total” aplicada a servicios públicos y organismos estatales, revelando alertas de riesgo fiscal que superarían los US$9 mil 200 millones correspondientes al período de la administración del expresidente Gabriel Boric.
Según informó el Ejecutivo, la revisión fue liderada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y contempló el análisis de más de 913 millones de datos provenientes de más de 500 organismos públicos entre los años 2022 y 2026.
Tras la investigación, el Gobierno instruyó abrir indagatorias en cuatro entidades: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, señaló que la auditoría permitió detectar “errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”.
Entre las principales observaciones detectadas figuran bajas rendiciones respecto de recursos ya pagados, entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en registros oficiales, compras ágiles reiteradas al mismo proveedor durante un mismo día, subejecución presupuestaria superior al 30%, licencias médicas sin recuperación de subsidios y concursos públicos declarados desiertos.
Uno de los puntos más relevantes expuestos por el Ejecutivo corresponde a la existencia de US$3 mil 200 millones en pagos postergados, equivalentes a cerca del 1% del PIB. Dentro de esos montos se incluyen cerca de US$268 millones adeudados a casi 10 mil pymes proveedoras del Estado, además de recursos comprometidos para gratuidad universitaria, Junaeb y proveedores del sistema de salud.
Asimismo, el informe advirtió sobre más de US$3 mil 170 millones asociados a mecanismos de trato directo y compras ágiles en situaciones donde —según el Gobierno— existían condiciones para realizar licitaciones públicas. El costo estimado de estas prácticas alcanzaría los US$760 millones.
Entre los organismos con mayores montos observados por trato directo aparecen la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), el Registro Civil y el Servicio de Salud Sur. También se identificaron altos niveles de compras ágiles concentradas en hospitales de La Florida, Puerto Montt, Viña del Mar e Iquique.
Finalmente, la auditoría detectó cerca de US$150 millones pendientes de recuperación por concepto de subsidios asociados a licencias médicas.
