La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó las indicaciones ingresadas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal. Aunque destacó que se mantenga la posibilidad de compartir el beneficio entre madres y padres, planteó reparos al mecanismo de financiamiento y al rol que tendrá la educación parvularia pública en la iniciativa.
Este lunes el Ejecutivo presentó las indicaciones al proyecto de Sala Cuna. Entre las medidas, se propone ampliar el acceso al beneficio mediante un aporte equivalente al 0,35% a cargo del empleador, costo que sería compensado con una reducción al seguro de cesantía. La propuesta contempla además una implementación gradual de cuatro años.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Antonia Orellana sostuvo que persisten dudas sobre la decisión de financiar el sistema mediante recursos vinculados al seguro de cesantía. “Si bien se mantiene el derecho a compartir el derecho a sala cuna entre padres y madres, no queda claro por qué se quiere traspasar esto, que desde 1917 es una obligación del empleador, hacia el seguro de cesantía”, puntualizó la exsecretaria de Estado.
La exministra también apuntó al origen de los recursos que componen ese fondo: “Por ley toda modificación a esta parte clave de la seguridad social, que tiene los ahorros para que los trabajadores formales puedan tener un colchón para momentos de cesantía, tendría que ser discutida, ya que es un fondo que se compone de los ahorros de los propios trabajadores y aportes del Estado”.
En esa línea, Orellana afirmó que el cambio favorece principalmente a las empresas. “Esto beneficiaría, sobre todo, no a las familias, no a las madres trabajadoras, sino a las grandes empresas que pasarían a ahorrarse lo que ahora gastan en sala cuna”, advirtió.
La extitular de la Mujer y Equidad de Género también cuestionó la ausencia de medidas relacionadas con la educación parvularia pública y recordó que la propuesta del gobierno anterior habilitaba a JUNJI para cumplir allí el derecho a sala cuna.
Según explicó, los datos muestran que cerca de 20 mil hijos e hijas de trabajadoras formales que no tienen acceso a sala cuna se concentran en esos establecimientos, precisamente por su presencia territorial. Por eso, la iniciativa anterior permitía que JUNJI y Fundación Integra “pudieran participar del derecho a sala cuna siendo proveedores”.
Sin embargo, advirtió que la propuesta actual “solo financia la oferta privada” y, además, no contempla nada para el eventual caso de que, cumplidos los dos años y extinguido el derecho a sala cuna pagado por el empleador o el fondo respectivo, muchos de esos niños pasen al nivel medio menor de la educación pública. “Son muchas preguntas las que tiene que responder aún el Ejecutivo”, concluyó la exministra.
