Con la defunción del efectivo, la UDI presentó un proyecto de reforma constitucional para crear el “Estado de Excepción Constitucional de Riesgo”, mientras que en el oficialismo, el PS impulsa garantizar el registro audiovisual de los operativos.
Previo a darse a conocer la decisión del Gobierno, la diputada y segunda vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez, había descartado la opción de llevar los artículos que elevan las penas y restringen beneficios carcelarios al TC.
A raíz de la muerte del cabo Daniel Palma, el oficialismo bregó por políticas de desarme civil, mientras que la oposición llamó a promulgar la ley Nain-Retamal con celeridad.
El edil señaló que las medidas presentadas por el Ejecutivo implican que el Estado disponga de los recursos suficientes para materializarlas. Así todo, aseguró que la agenda va en el camino correcto en cuanto se enfoca en la prevención.
Previo a la votación del proyecto en el Senado, el Gobierno presentó la agenda con la que busca entregar más herramientas a Gobiernos Regionales y Municipios en términos de prevención del delito y atención a víctimas.
De todas formas, Ignacia Fernández descartó una diseminación en serie para el caso de las personas y aseguró que tanto el SAG como Sernapesca llevan un trabajo rápido de vigilancia, testeo y supervisión de las especies posiblemente contagiadas.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, se retiraron de la Sala luego de que senadores de Chile Vamos no aprobaran la indicación relacionada a la legitima defensa privilegiada.
Desde el Gobierno dieron cuenta del inicio de un trabajo participativo -coordinado por Metro- con las organizaciones sociales y de víctimas de derechos humanos para efectos de levantar un memorial en el acceso en cuestión.
Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia es el nombre del convenio que Segegob firmó con tres universidades estatales para elaborar un informe en miras del diseño de políticas públicas, mismo que fue entregado al Gobierno el pasado 20 de enero.
“Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara”, señaló el organismo en un comunicado, echando en falta la “participación de especialistas independientes o de la sociedad civil”.
La titular de Interior adelantó que este martes el Ejecutivo firmará un compromiso con gobernadores y asociaciones de municipios que se traducirá en proyectos de ley en pos de fortalecer a los territorios en el combate al delito.
Diálogos participativos ciudadanos “Gran Valparaíso, el Transporte que queremos” es el nombre de la iniciativa con la que el Ejecutivo recogerá la opinión de la gente para diseñar la próxima regulación del sistema de transporte público.
“Estamos en un momento bastante virtuoso y es una oportunidad que este Gobierno no quiere desaprovechar”, afirmó Hernando respecto a la política nacional del litio.
El jurista y exasesor de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior afirmó que en un Estado democrático, el empoderamiento de las policías “tiene que compensarse a través de más dispositivos de control” sobre la acción de las fuerzas de orden.
El exdirector de Seguridad Pública cuestionó la efectividad del proyecto aprobado en la Cámara y la idea de avanzar en medidas “parche”. En ello, consideró que “el general director ha presionado para detener e inmovilizar la reforma a Carabineros”.
La titular de Interior sostuvo que no se puede implementar un estatuto de protección de las policías, pero que a su vez se transforme en un sistema de desprotección de las personas. La Ministra espera que se introduzcan modificaciones a la propuesta.
Con obras que constituyen una inversión de 3.756 millones de pesos, el recinto se reincorpora a los 7 módulos con los que se cuenta a lo largo del país, con una capacidad para recibir a 296 personas. 29 personas han ingresado a la fecha.
