El abogado constitucionalista insistió en la incompatibilidad entre el principio de subsidiariedad y el Estado social. Además, manifestó su preocupación ante el ingreso de fuerzas contrarias a una nueva Carta Fundamental en el Consejo Constitucional.
De cara a la discusión en particular, miembros oficialistas manifestaron aprensiones sobre una eventual constitucionalización del modelo de las isapres. En tanto, en la oposición aseguraron que la norma sobre la materia evitaría un monopolio estatal.
Desde el PDG,no descartaron una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, de no avanzar en la iniciativa. La ministra del Interior en tanto, cuestionó el rechazo adelantado al proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza.
Así, en el PC plantearon crear una modalidad estatal como respuesta a la eliminación del Retiro Programado; mientras en la DC insistieron descartar las cuentas nocionales. Por su parte, Chile Vamos dijo sentirse “lejos” de la propuesta del Ejecutivo.
El representante de la Democracia Cristiana analizó los avances de la Comisión Experta y dijo estar “totalmente de acuerdo” con establecer un umbral del 5% a los partidos, aunque cuestionó las propuestas en materia laboral y de medioambiente.
La académica de Derecho de la Universidad de Chile cuestionó el establecimiento de prisión preventiva a migrantes indocumentados y señaló que, de avanzar en este tipo de iniciativas, se podrían poner en jaque las libertades personales en el país.
El subsecretario Manuel Monsalve señaló que en el encuentro se abordaron tres tareas específicas, que apuntan a mejorar la protección de funcionarios en procedimientos, superar brechas de recursos humanos y la intervención en 30 comunas del país.
El espacio televisivo tendrá una duración total de 30 minutos diarios que serán divididos en dos bloques de 15 minutos, uno que será emitido al mediodía y otro a las 20:45 horas, hasta tres días antes de las votaciones.
La ley Naín-Retamal, o mejor conocida como “gatillo fácil”, fue promulgada luego de una discusión parlamentaria exprés y una nueva muerte policial. Supuestamente lo que está detrás de esta ley es la seguridad ciudadana ante un alza en la delincuencia, lo que tendría solución con el “fortalecimiento y protección del ejercicio de la función policial […]
Asimismo, calificaron la decisión del canal de televisión como “una medida desproporcionada” y que “afecta la libertad de expresión”. Todo esto, en medio de la cobertura del asesinato del cabo de Carabineros, Daniel Palma.
Según la titular de la Segegob, el Mandatario en una reunión con colectividades sostuvo que “independientemente de las diferencias, podemos entrar a trabajar en aquellos aspectos que son eficaces en los elementos que se requieran reparar”.
Además, consideraron que, a propósito del IPC de marzo, avanzar en este tipo de iniciativas en el Congreso “sería atentatorio” contra el objetivo de las autoridades de bajar la inflación en el corto plazo.
La académica del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile insistió en sus críticas sobre la disposición que plantea la legítima defensa de las policías, puesto que a su juicio la técnica legislativa usada “induce a una confusión”.
“Vamos a tener focos investigativos donde hay tráfico de armas, vamos a focalizar la persecución penal para esclarecer homicidios y delitos violentos”, comunicó la secretaria de Estado.
Pese a ser visada en general, comisionados tildaron como “insuficiente” el breve articulado. “A este capítulo le falta mucho por nutrirse, soy la primera en reconocerlo”, señaló Alejandra Krauss, presidenta de la instancia a cargo de su elaboración.
En el debate, destacó la elevación del Servel y de algunas de las normas referidas al ente rector a rango constitucional. Posteriormente, en el hemiciclo se deberá revisar el articulado sobre medioambiente y procedimientos de cambio constitucional.
En la primera sesión programada para esta mañana, los integrantes del organismo deberán pronunciarse sobre los articulados relativos a los capítulos de Justicia Electoral y Servicio Electoral, Contraloría General de la República y Banco Central.
